Piden castigar como crimen organizado a empresas fantasma
Para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) es necesario que las llamadas empresas fantasma sean consideradas como delincuencia organizada y que la penalidad para quienes las manejan se eleve a 10 años de prisión.
Durante la presentación de la iniciativa Corrupción y empresas fantasma: propuestas de reforma legal para su combate eficaz, en la Cámara de Diputados, la titular de la Prodecon, Diana Bernal, indicó que estas compañías operan como “verdaderos delincuentes”, al comercializar comprobantes fiscales digitales falsos que permiten restar deducciones inexistentes y pagar cero impuestos.
Añadió que con las compañías fantasma se genera una competencia desleal muy grave para los empresarios, pues la carga fiscal se debe distribuir de forma equitativa entre todos los contribuyentes.
Ricardo Cervantes, ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), señaló que las empresas fantasma no viven más allá de 15 meses y les da igual que las autoridades hagan público su nombre, ya que crean una entidad nueva.
La procuradora explicó que la iniciativa propone que las personas morales queden obligadas a retener las dos terceras partes del impuesto al valor agregado (IVA) que se cause cuando paguen servicios independientes prestados por personas morales.
Jorge Covarrubias, socio de la firma Parás Asesores Fiscales, consideró que este esquema de retención es altamente eficaz, pues es una figura que ya existe, “está regulada y no ve por qué no pueda aplicarse para resolver el problema y el hueco al que ha llevado esta práctica delincuencial.”
Añadió que estos esquemas de retención ya se llevan a cabo en Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Guatemala, y si esta figura está bien aplicada, no debe haber daños colaterales y, en caso de que los hubiera, se justificaría. “El efecto positivo en la relación fisco-contribuyente, en la proporcionalidad y la equidad del gravamen, en la eliminación al daño al erario público que generan estas distorsiones, lo justifica”, expresó.
Asimismo, la iniciativa de Prodecon propone que las personas físicas con actividad empresarial queden obligadas a retener las dos terceras partes del IVA que se cause cuando paguen servicios independientes prestados tanto por personas físicas, como por personas morales.
Para Bernal es necesario elevar la penalidad que hoy son de 3 a 6 meses, a 10 años. m