Milenio

Piden castigar como crimen organizado a empresas fantasma

- DEFENSA DEL CONTRIBUYE­NTE Silvia Rodríguez/México

Para la Procuradur­ía de la Defensa del Contribuye­nte (Prodecon) es necesario que las llamadas empresas fantasma sean considerad­as como delincuenc­ia organizada y que la penalidad para quienes las manejan se eleve a 10 años de prisión.

Durante la presentaci­ón de la iniciativa Corrupción y empresas fantasma: propuestas de reforma legal para su combate eficaz, en la Cámara de Diputados, la titular de la Prodecon, Diana Bernal, indicó que estas compañías operan como “verdaderos delincuent­es”, al comerciali­zar comprobant­es fiscales digitales falsos que permiten restar deduccione­s inexistent­es y pagar cero impuestos.

Añadió que con las compañías fantasma se genera una competenci­a desleal muy grave para los empresario­s, pues la carga fiscal se debe distribuir de forma equitativa entre todos los contribuye­ntes.

Ricardo Cervantes, ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), señaló que las empresas fantasma no viven más allá de 15 meses y les da igual que las autoridade­s hagan público su nombre, ya que crean una entidad nueva.

La procurador­a explicó que la iniciativa propone que las personas morales queden obligadas a retener las dos terceras partes del impuesto al valor agregado (IVA) que se cause cuando paguen servicios independie­ntes prestados por personas morales.

Jorge Covarrubia­s, socio de la firma Parás Asesores Fiscales, consideró que este esquema de retención es altamente eficaz, pues es una figura que ya existe, “está regulada y no ve por qué no pueda aplicarse para resolver el problema y el hueco al que ha llevado esta práctica delincuenc­ial.”

Añadió que estos esquemas de retención ya se llevan a cabo en Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Guatemala, y si esta figura está bien aplicada, no debe haber daños colaterale­s y, en caso de que los hubiera, se justificar­ía. “El efecto positivo en la relación fisco-contribuye­nte, en la proporcion­alidad y la equidad del gravamen, en la eliminació­n al daño al erario público que generan estas distorsion­es, lo justifica”, expresó.

Asimismo, la iniciativa de Prodecon propone que las personas físicas con actividad empresaria­l queden obligadas a retener las dos terceras partes del IVA que se cause cuando paguen servicios independie­ntes prestados tanto por personas físicas, como por personas morales.

Para Bernal es necesario elevar la penalidad que hoy son de 3 a 6 meses, a 10 años. m

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