¿Y una reforma constitucional?
No es un hecho pero podría serlo en esta legislatura. Otra vez está la propuesta de modificar la ley para intentar un presupuesto anual creciente, en términos reales, para las actividades científicas y tecnológicas. Si fuera el caso, no se aplicaría en el presupuesto que está por dictaminarse, aunque es probable que proceda en el de 2020. Desafortunadamente, la propuesta solamente consiste en añadir un párrafo a un artículo de la ley secundaria. Tal vez las cosas serían diferentes si se pensara en una reforma constitucional.
La fracción parlamentaria del próximo gobierno trae los números, anda con un ánimo reformista exaltado y una agenda desbordada de problemas que demandan atención prioritaria. De hecho, en el actual periodo de sesiones, el furor legislativo ya se hizo notar en demasía en estos primeros dos meses y seguramente será mayor en los siguientes. Así que tal vez convendría jerarquizar los temas y pensar las iniciativas.
El diagnóstico es más o menos reiterado: es urgente una mayor inversión en el sector científico y tecnológico. No es el único elemento; tampoco es el que resolverá automáticamente los inocultables problemas del sistema. Sin embargo, con un 0.5 por ciento respecto al PIB, el nivel actual de inversión, es muy difícil expandir las capacidades en las entidades federativas, mejorar la competitividad, aumentar la atención sobre los problemas nacionales o un mayor inovolucramiento en el desarollo económico, por ejemplo.
La preocupación sobre los recursos financieros no es reciente. En este mismo espacio hemos dado cuenta, casi paso a paso,delasmodificacionesalaLeyGeneral de Educación para destinar un determinado monto de inversión para el sector (artículo 25 desde el año 2002) y de la Ley de Ciencia y Tecnología para precisar que “el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1 por ciento del producto interno bruto” (artículo 9 bis desde el año 2004). No obstante, ha sido insuficiente. En todos estos años, además de que se incumplió lo que dice la normatividad científica, ni siquiera se armonizó con lo que dice la legislación educativa.
Ahora, en la actual legislatura, la diputada María Marivel Solís Barrera, integrante de Morena y presidenta de la comisión de ciencia y tecnología, presentóenelplenounanuevainiciativaparareformar el artículo 9 bis de la norma científica(Versiónestenográfica08.11.2018).
La iniciativa de la diputada Solís es relativamente sencilla. Propone añadirle al actual artículo 9 bis lo siguiente: “En tanto no se alcance la meta del 1 por ciento del producto interno bruto, el presupuesto federal en ciencia, tecnología e innovación deberá registrar año con año un incremento sostenido real con respecto al del año fiscal anterior” (Gaceta Parlamentaria. 5138III. 18.10.2018. 389).
La iniciativa parece simple y más su carácter transitorio, pero tiene una implicación obvia e importante: la principal responsabilidad del incremento en la inversión recaerá en el gobierno federal, noenlosgobiernosestatales,tampocodel sector privado. Claro, ese fue el compromiso de Andrés Manuel López Obrador, en la reunión que sostuvo con miembros de la comunidad académica el pasado 28 deagosto.Lamismainiciativadestacaese hecho y aquí mismo lo comentamos la semana pasada.
Ahora, una vez que la propuesta está en comisiones, es altamente probable que sea dictaminada favorablemente. La diputada Solís preside la comisión de ciencia y en ella su fracción tiene mayoría (14 de 26 integrantes). En general, como entienden los legisladores, lo que ocurre en comisiones, generalmente se replica en las sesiones del pleno. Así que posiblemente salga rápido y luego siga el recorrido para su aprobación.
El asunto es si la iniciativa ingresada será suficiente para respaldar lo que tiene pensado el próximo gobierno para el sector. Valdría la pena preguntarse si no convendría, a la par, impulsar una reforma constitucional para darle cabida al papel que podría jugar la ciencia y la tecnología en el desarrollo y bienestar nacional. Actualmente no figura en la Carta Magna.
En mayo de 2012, dado que normativamente sólo se menciona la libertad de investigación, el jurista Diego Valadés hizo una propuesta de redacción para adicionar un párrafo al artículo 25 de la Constitución, en el cual se precisa de forma clara y breve el papel de la investigación, la innovación y la tecnología, así como las líneas generales de apoyo que podría ofrecerle el Estado (Campus No. 462). No serían necesarias mayores especificaciones, ni siquiera hablar de un monto determinado, tan solo reservarle una función. Nada más.
Pie de página: Humberto Muñoz García, destacado sociólogo, profesor emérito y también colaborador en estas páginas, puntualiza: “Es positivo que opinen que nuestras disciplinas deben tener una mejor representación dentro de la política del conocimiento en México” (Gaceta UNAM. No. 5007:9). La referencia es por el próximo cambio de nombre del Conacyt, la posible modificación de sus criterios de evaluación y la relevancia de las humanidades y las ciencias sociales. Otro horizonte podría dibujarse.
“No serían necesarias mayores especificaciones, ni siquiera hablar de un monto determinado, tan solo reservarle una función”