Roberta Garza
“La cantaleta de que pagándoles mucho como sea roban es un despropósito”
No es posible que haya funcionarios públicos en el país, habiendo tanta pobreza, que ganen 600 mil pesos mensuales; es una ofensa al pueblo de México y es un acto de deshonestidad”, dijo López Obrador sobre la decisión de la Suprema Corte de echar abajo su propuesta de ley sobre Remuneraciones de los Servidores Públicos. Los problemas no comienzan con la falsedad de los montos, sino con la primacía del Presidente como forzado rasero: ese sueldo es de 108 mil pesos mensuales, pero falta sumarle a la cifra el costo de la manutención general, a cargo del erario, de toda la primera familia, prerrogativa que no se le extiende a ningún otro funcionario.
Dudo que haya quien no quiera acotar los onerosos abusos de nuestros funcionarios públicos, que históricamente y desde cualquier partido se han despachado en grande con choferes, teléfonos, asistentes y otras fruslerías inmerecidas sin que nadie les ponga freno. Pero para ello procede aplicar sin cortapisas la ley, otorgándole pronto castigo a los vivales: el tamaño de su paga viene siendo irrelevante. Basta recordar las justificaciones payasas de la transformación de cuarta —guerra sucia, dijo AMLO; “me difaman por atreverme a exhibir los abusos del poder”, dijo la acusada, sin que se le cayeran los dientes— ante los 700 mil pesos que se carranceó la senadora del PT, Layda Sansores, en gastos sin justificar, incluyendo 56 mil pesos en maquillaje, joyería, ropa, bolsas y juguetes para sus nietos, y todo eso con sueldo completo. La cantaleta de que pagándoles mucho como sea roban es un despropósito, justo porque no por pagarles menos van a dejar de robar.
Otro ejemplo ilustrativo, por si el anterior no fuera suficiente: en octubre pasado, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y líder de la bancada morenista, dijo
A López Obrador falta sumarle la cifra del costo de mantener a toda la primera familia
así: “No hay tal bono navideño (…) la dieta correspondiente al mes de diciembre, que en términos netos son 75 mil pesos, números redondos, más la parte proporcional de aguinaldo, son alrededor de 33 mil pesos”. La semana pasada ese mismo prócer, quien fustigó la decisión de la Corte diciendo que “aunque se resistan, habrá austeridad republicana”, anunció que su aguinaldo y el de sus cuates estará exento del pago del ISR; que además cada diputado recibirá 38 mil 363 pesos por el concepto de “atención ciudadana por fin de año”, 45 mil 786 de “asistencia legislativa” y 28 mil 772 de “atención ciudadana”, dándonos un gran total de 233 mil 755 pesos por cabeza. Habiendo asumido el cargo hace apenas cuatro meses.
Mucho más preocupante que el cinismo es que la respuesta a la decisión de la Suprema Corte no sea cabildear la pertinencia de la ley, ni debatir sus posibles bondades o la manera de enmendar sus fallas, sino la descalificación visceral de todo aquel o aquello que no se rinda ante las arbitrariedades del Ejecutivo. Lo dice el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio: “Si los ministros no aceptan ajustarse a la austeridad (…) Habré de plantear al Presidente (…) los liquide”.
Quizá esa sea la idea.