Reforma constitucional en materia educativa
El 13 de diciembre del año pasado se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la iniciativa del Ejecutivo federal que propone la reforma de los artículos 3º., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello, según declaraciones del primer mandatario previas y posteriores a la emisión de dicha iniciativa, se cumplía el compromiso establecido con los docentes, en particular con las organizaciones representativas del magisterio, de derogar la parte normativa de la reforma de la educación promovida por su antecesor.
La iniciativa fue ingresada a los servicios parlamentarios de la Cámara el 12 de diciembre. La mañana de ese día, durante la rueda de prensa matutina, el presidente anunció: “hoy vamos a presentarles el plan general de educación, iniciando por la firma de la iniciativa para cancelar la mal llamada Reforma Educativa, abrogarla. Y sustituir el ordenamiento actual, el marco jurídico actual, por uno nuevo, en el que se establece, en lo fundamental, el derecho a la educación.” Agregó un poco más tarde que “nunca, jamás, se le va a faltar al respeto a los maestros, al magisterio nacional, a nuestras maestras, a nuestros maestros, como sucedió recientemente, que se dedicaron a ofender a los maestros. Eso se termina. Hay, afortunadamente, muy buenas relaciones con los maestros y con las organizaciones sindicales del magisterio.” (Versión estenográfica de la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 12 de diciembre 2018).
No habían transcurrido ni 24 horas cuando, en la conferencia mañanera siguiente, el presidente tuvo que aceptar una notoria deficiencia en la iniciativa que firmó: se omitió la fracción VII del artículo 3º. vigente. Esta fracción es la que sanciona, con jurisdicción federal, las garantías comunes a la autonomía universitaria. Su desaparición en el texto entregado a la Gaceta Parlamentaria alarmó de inmediato a especialistas, legisladores de la oposición y a los rectores. En la noche del 12 y durante la madrugada del 13 las redes hervían, literalmente, con el señalamiento, hasta que el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, intentó aclarar el desaguisado atribuyéndolo a una falla técnica en el procesamiento del texto.
El presidente dijo al respecto: “Para que no se use de pretexto o de excusa, y se quiera combatir nuestra iniciativa, si es necesario estamos dispuestos a que se agregue lo de la autonomía.” El mismo día (13 de diciembre) se envió a la Cámara una fe de erratas cuyo texto indica: “debido a un error en la captura mecanográfica se señaló “VII” (fracción) en lugar de inciso “a) de la fracción VI”, por lo que queda en la iniciativa el texto intacto de la fracción VII relativa a la autonomía universitaria”. Aprovechando el viaje, se marcó una segunda corrección, que indica que: el acápite de la fracción XXV del artículo 73, donde se señala: “Para establecer el servicio profesional docente en términos del artículo 3° de esta constitución...”, se deberá derogar. (La Jornada, 13 de diciembre 2018, nota de Laura Poy).
Posteriormente los partidos de oposición y múltiples interesados en el ámbito educativo nacional fueron señalando otras limitaciones de la iniciativa, así como planteando propuestas y alternativas para su mejora. Entre otros aspectos, destaca la necesidad de incorporar al texto constitucional, en calidad de obligación del Estado, la prestación de servicios de educación inicial y especial; la necesidad definir con precisión los alcances de la educación superior gratuita y obligatoria; la de establecer con precisión los procedimientos para el ingreso al servicio de nuevos docentes y para la promoción de los maestros en servicio; la necesidad de un órgano independiente o autónomo de la SEP con funciones de evaluación de los procesos y prácticas correspondientes a la función educativa; la importancia de precisar la obligación de los particulares autorizados de prestar servicios educativos de buena calidad; la necesidad de hacer explícito el interés superior de la infancia en la definición del derecho a la educación; la necesidad de aclarar la distribución de competencias educativas entre Federación, Estados y Municipios con una perspectiva federalista, entre varios otros aspectos.
Al darse a conocer que la iniciativa presidencial sería dictaminada, discutida, y en su caso modificada y votada durante el presente mes de febrero, las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados decidieron abrir un debate sobre la misma, previo al dictamen que les corresponde llevar a cabo, en dos pasos. Primero, mediante una reunión con el titular del ramo, que se verificó el pasado 28 de enero. En dicha reunión, el secretario de Educación Pública explicó y justificó el contenido de la iniciativa y respondió a las preguntas y críticas de los legisladores. Entre otros puntos de destaque, la aceptación, por parte de Moctezuma Barragán, de incluir a la educación inicial en la propuesta constitucional, así como enmendar la exclusión de la séptima fracción del artículo 3º.
Segundo paso, la organización de tres audiencias públicas sobre la reforma, que van a celebrarse los días 6, 8 y 9 de febrero. La primera audiencia convoca a la participación de maestros y representantes sindicales, la segunda a especialistas académicos, y la tercera está destinada a representantes e interesados en escuelas normales y universidades. Cuando este artículo se publique ya habrá transcurrido la primera de ellas, la del 6 de febrero.
Hasta donde se sabe, el número de solicitantes a para presentar su punto de vista en dichas audiencias ha sobrepasado los cálculos iniciales: con un registro de cerca de un millar de postulantes, las comisiones tendrán que seleccionar el número que sea factible atender ¿bajo qué criterio se hará la selección respectiva? No se sabe, pero puede intuirse que las fracciones parlamentarias presentes en las comisiones buscarán una composición que favorezca sus intereses. Ya se verá.
Por último, pero muy importante, la prensa ha informado de la integración de una coalición de legisladores que prepara una alternativa a la iniciativa presidencial, y que esta tomará en cuenta el punto de vista de académicos, especialistas y organizaciones sociales involucradas en la educación. Esta es una vía adicional a las audiencias y no hay que perderle la pista. La próxima semana la abordaremos.