REGLA DE TRES
LA REFORMA QUE VIENE. Tras el anuncio de cancelar la reforma educativa, los días definitorios llegaron. La suerte del sistema educativo para el corto y mediano plazo está, desde esta semana, en manos de lo que decidan los legisladores. Como se sabe desde ahora, la mayoría que conforma el partido gobernante, respalda la decisión de meter reversa a todos los cambios y beneficios que se hayan logrado con este proyecto de gran calado por el que se apostó el sexenio anterior. En los pasillos de San Lázaro inició, de manera formal, el debate sobre los cambios constitucionales que impulsa el nuevo régimen. Desde ayer, las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde ya se encuentra el proyecto, realizan una especie de consultas, denominadas, dentro del lenguaje políticamente correcto de estos días, audiencias públicas para aprobar los cambios a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución. Lo llaman ellos una nueva era del sistema educativo, aunque, como lo advierten los críticos, y quienes han seguido de cerca el asunto, se trata de retrocesos que poco o nada van a mejorar el aprendizaje de millones de niños y jóvenes.
MÁS ALLÁ DE LAS FORMAS. Entre lo que se va a discutir en el terreno legislativo, es el principio de la obligatoriedad de la educación superior. A simple vista, parece que esta iniciativa tendrá la misma suerte que en su momento encontró la obligatoriedad de la educación preescolar, hoy apartada, sin que nadie lo cuestione a fondo, de los cambios legales que se vienen. No existen los recursos, ni los insumos, ni la infraestructura suficientes para cumplimentar esa disposición constitucional. Y si lo que quieren es incrementar, en detrimento de la excelencia académica, la cobertura, tampoco se le auguran buenas cuentas. Se trata de un precepto que debió salir de un estudio serio, acucioso y realista, mas no de una medida que le apunta a ganar adeptos y simpatías solamente. La voz de los rectores no ha sido sólida ni ha puesto los puntos sobres las íes en este tema. Si lo que esperan es que avance la aprobación de esta obligatoriedad, para expresar su inconformidad, es tiempo perdido que bien podrían aprovechar en señalar el riesgo que implica.
MÁS DUDAS EN LA INICIATIVA. En la iniciativa que impulsa el poder Ejecutivo, también se habla del fortalecimiento de las escuelas normales, establece la obligación de incluir en los planes de estudio la promoción de valores como el civismo, la cultura de paz, la solidaridad internacional, el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, la historia, la cultura, el arte, la música y el deporte. También se habla de revalorizar al magisterio, establecer un nuevo servicio de carrera, y sepulta la labor del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) para darle paso al llamado Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio, al que se le atribuyen más facultades de las que tiene el actual. Nada de habla de los cambios al programa de estudios que ya opera, gracias a la reforma educativa, en algunos grados de preescolar, primaria y secundaria. Tampoco se especifica cómo se va a garantizar la autonomía y la credibilidad en el tema de la calidad educativa. A menos, claro, que como lo han perfilado algunos funcionarios de la actual administración, que la excelencia académica en todos los niveles del sistema sea entendida, por ellos, de una manera mucho más flexible y menos sujeta indicadores cualitativos y cuantitativos.
ESCUCHAR PARA DECIDIR. La consulta que nuevamente se hará, ahora para buscar respaldo mediático para aprobar la Constitución, tiene que ser tomada en cuenta y no dejarlo como un episodio anecdótico o un requerimiento para justificar que hubo consenso. Las críticas y propuestas de docentes y representantes sindicales, especialistas en el tema y académicos, directivos de escuelas normales y de educación superior, legisladores, organizaciones civiles, organismos nacionales e internacionales, asociaciones de padres, madres y alumnos de diferentes tipos y niveles educativos, organismos educativos públicos, autoridades educativas federales y estatales deben encontrar eco para calibrar y equilibrar la desmesura que se quiere imponer. Reinventar un sistema que, si bien es cierto, cuenta con decenas de rezagos, no garantiza ni significa que la educación del país va a ir en ascenso por un mero acto de fe.
HACER VALER LA AUTONOMÍA. Como ocurrió cuando un presunto error quiso acabar de un tajo con la autonomía universitaria, o cuando un yerro puso en entredicho el presupuesto destinado a la educación superior, las voces que se escuchan en medio de este contexto incierto son pocas. Y vale la pena escucharlas porque la visión totalitaria que se quiere impulsar desde hace unos meses no le viene bien a la pluralidad ni a la diversidad que confluye en las universidades públicas estatales del país. Ahora, con el recorte a rubros como ciencia, tecnología y difusión de la cultura pasa el mismo efecto. Casi nadie se atreve o quiere polemizar en torno a este nuevo enfoque. Quizá por todo esto el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Francisco Avelar González, advierte un panorama ominoso para la autonomía universitaria frente a movimientos políticos que se han generado y que siguen provocando cierto escozor. Y pone el dedo en la llaga de los recursos adicionales, cuyas reglas de operación se van a dar a conocer en los próximos días. Parece que se acabaron aquellos días en los que las instituciones presentaban proyectos bien planeados y respaldados para mejorar sus finanzas y sus indicadores de calidad a cambio de mayores recursos. Ahora parece que los condicionamientos van a repercutir duramente en las universidades públicas del país.
RUMBO INDEFINIDO. Lo que preocupa, dice el rector de la UAA, es que algunos sectores e incluso, algunos académicos, ya han advertido un panorama adverso para la autonomía universitaria. Y es que, en algunos casos, aprovechando esa mayoría que ganaron en las urnas, congresos locales intentaron nombrar funcionarios universitarios, con el pretexto de garantizar una mayor transparencia. Y hay que vigilar, dice, que las 10 universidades que fueron declaradas al borde o en crisis financiera, sean apoyadas sin condicionamientos excesivos ni se les entreguen recursos a cambio de concesiones que pongan en juego su crecimiento académico. Porque la autonomía debe anteponerse a todo y no estará sujeta al control del Estado o a ciertas ideologías políticas que quieren siempre ensombrecer un escenario que siempre les deja más raja política cuando se encuentra en franca ingobernabilidad que cuando marcha dentro del terreno institucional. Porque la educación superior, más que nunca, debe apuntalar en bloque aquellos planes que vulneren esa credibilidad ganada durante décadas.
LA RUTA EN LA UDEG. Si no ocurrió nada extraordinario, con toda seguridad ayer el Consejo General Universitario (CGU) habrá designado al nuevo rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para el periodo 2019-2025. La fortaleza y las capacidades de una de las tres instituciones de educación superior más grandes del país, en cuestión de infraestructura y matrícula, tendrán que ser defendidas con todo en estos nuevos tiempos. El nuevo rector sabe del peso político que tiene al frente de esta universidad, y sabe la representatividad que tiene la UdeG en el contexto nacional. No se percibe, al menos ahora, que el encargado de la universidad para los próximos seis años se pliegue al grueso del proyecto de enseñanza superior que se quiere implementar. Sería un aliciente y un soporte muy necesario contar con la crítica de quien podría convertirse, si así lo quiere, en una de las voces de la educación superior del país más escuchadas por aquello de los contrapesos.
HUELGAS SIN RAZÓN. Lo que ocurre en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) es a todas luces un despropósito. Las demandas salariales están muy por encima del sentido común y del margen que permite el actual momento económico del país. Parece que, en estos casos, cuando todos los actores que integran el sector de la educación superior, debieran ser parte de la misma exigencia para no ser señalados como instituciones con escasa credibilidad, como se han empeñado en hacerlo creer quienes gobiernos a nivel federal y estatal, los sindicatos optan por golpear aún más el desarrollo académico de las instituciones de educación superior. Más allá de las prebendas salariales que quieren garantizarse, está la suerte de miles de alumnos, profesores, investigadores y académicos que siempre ponen por delante el orgullo de laborar en estas casas de estudio.
Sobre las prebendas salariales está la suerte de miles de alumnos, profesores, investigadores y académicos”