El futuro de la educación superior en México/ II

Como en el resto de las nuevas políticas gubernamentales, el gran objetivo de la SEP es transformar el sistema educativo. Esto se logrará, según se afirma, con “dos pilares fundamentales”: la equidad y la calidad. Tal orientación, válida también para el nivel superior, debe ser la brújula que oriente el rumbo de las consultas que ya se han iniciado en el Congreso de la Unión, en torno a la iniciativa de reforma al Artículo Tercero presentada por el presidente de la República. Pero también para el Acuerdo Nacional sobre la Educación, estación de paso en lo que se elabora el Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial correspondiente.

El estudio de la OCDE, ya referido aquí en dos ocasiones (Campus

785 y 788), apunta a tres docenas de medidas que, eventualmente, contribuyan a “repensar completamente la política de educación superior”. Entre las ahí incluidas, me detengo en cuatro que son muy relevantes:

1. Nuevo marco legal. El actualmente vigente (Ley de Coordinación de la Educación Superior” data de 1979 y no sólo se requiere para dar “claridad y certeza sobre las funciones y responsabilidades específicas de los gobiernos federal y estatal con relación a las IES autónomas”, como indica la OCDE. Es necesario integrar debidamente los trece subsistemas que lo componen. La tarea es tan endiabladamente compleja que la Anuies aprobó realizarla desde finales de los años sesenta, y sólo desde hace unos meses cuenta ya con un proyecto que, en esta coyuntura, podría ser un buen punto de partida para una posible iniciativa de ley ante el Congreso.

2. Financiamiento. Dos principales problemas se confrontan en esta materia: un rezago en cuanto al incremento promedio de matrículas y el ritmo de asignación del financiamiento público; b) asignación a las IES de gasto en función de la inercia y la negociación, según la OCDE, y “no por fórmula racional previa”. Sobre el primero, la Anuies ha documentado ampliamente la disparidad existente, proponiendo que se revierta dicha situación. El asunto pasa por la política fiscal y por una estrecha coordinación entre federación y estados, misma que hasta ahora no ha existido, recayendo el peso presupuestal en los recursos que aporta la SEP (dos terceras partes del gasto de las universidades públicas).

Por lo que toca al segundo aspecto, el asunto ha estado rondando en la educación superior pública en los últimos 20 años. Desde 1998 y los primeros años del nuevo siglo, el secretario de Anuies y luego subsecretario de educación superior (Julio Rubio) impulsó notablemente esta idea que quedó en proyecto piloto. Los ensayos efectuados sólo confirmaron que los rectores de esa época preferían un “sistema” de asignación de fondos a la antigüita: inercia, negociación y cabildeo ¿Será ahora el tiempo justo para un nuevo intento? El asunto pasa, a mi juicio, por la Convención Nacional Hacendaria de próxima realización y su eventual reflejo en la legislación secundaria correspondiente.

3. IES Tecnológicas y SES. A lo ya mencionado la semana pasada como diagnóstico, la OCDE agrega dos situaciones más: a) las instituciones son muy pequeñas y b) carecen de flexibilidad para adaptar su trabajo a las circunstancias locales. Para superar esas situaciones se tienen dos propuestas principales: 1) aumentar la cooperación entre los subsistemas tecnológicos y las universidades; 2) otorgar mayor autonomía a los Institutos Tecnológicos. Esto último es muy importante, ya que alrededor de 250 instituciones, integradas en el Tecnológico Nacional de México, forman anualmente al 43% de los egresados de ingeniería del país.

4. Escuelas normales. La Reforma Educativa incidió muy poco en este subsistema. En los últimos meses del sexenio sólo se definió “una estrategia”, sin que esta viniera acompañada de las trascendentales medidas que se anunciaron cuando se lanzó la Reforma Educativa en 2012. En esos términos, la OCDE recomienda: a) mejorar las condiciones financieras de las escuelas; b) fomentar la vinculación entre esas escuelas y las universidades públicas, y c) mejorar la formación y competencias de su personal docente.

Conclusión: repensar completamente la política de educación superior, o transformar este nivel, es una tarea ardua. Con distinto léxico, desde finales de los años sesenta ya estaba eso planteado como una tarea impostergable. Se ha avanzado en muchos aspectos, unos más, otros menos. El gran desafío de ahora es integrar lo ya existente con las innovaciones que se propongan. He ahí un tema para la consulta de estos días en el Congreso de la Unión.