De acoso sexual a intentos de desaparición: un viaje en Metro
Autoridades de la CdMx no han logrado detener los intentos de privación de la libertad de mujeres en las inmediaciones del STC
Ni los vagones exclusivos para mujeres, ni los cinco módulos de atención, ni siquiera las cámaras de seguridad dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro han logrado detectar a los presuntos responsables de los intentos de privación ilegal de mujeres.
Ante las denuncias de mujeres que acusan intentos de secuestro o desaparición, el pasado 31 de enero la directora del Metro, Florencia Serranía Soto; la secretaria de las Mujeres, Gabriela Rodríguez Ramírez, y el jefe de la policía capitalina, Jesús Orta, realizaron un recorrido por ese transporte.
Sin embargo, no han detallado las acciones a seguir ni las herramientas de investigación que activaron para detener los intentos de desaparición de mujeres.
El viernes 1 de febrero, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la procuradora de Justicia capitalina, Ernestina Godoy Ramos, informaron que se colocarían cinco Ministerios Públicos móviles para atender los intentos de privaciones de libertad de mujeres en el Metro.
Así, el gobierno capitalino creó más centros de atención en las estaciones Coyoacán, Mixcoac, Martín Carrera, Tacubaya y UAM Iztapalapa. Éstos se suman a los módulos de atención para mujeres víctimas de acoso sexual que ya están en las estaciones Balderas, Pantitlán, Hidalgo y Pino Suárez.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana inició la campaña “Dame la mano” para que las mujeres en riesgo se acerquen a los policías que porten una cinta morada en la muñeca.
Pese a que un estudio realizado por la Cepal en 2015 señaló que la CdMx es uno de los lugares donde se han realizado más trabajos de análisis e investigación sobre las conductas de abuso y acoso sexual en el transporte público, las acciones de seguridad y protección se basan en las propuestas que las mujeres crean entre ellas. Por ejemplo, después de una movilización realizada el 24 de abril de 2016 contra el acoso sexual, el gobierno capitalino pu- so en marcha la “Estrategia 30100”, cuya principal acción fue entregar silbatos.
En ella también se anunció la incorporación de mil 439 elementos de seguridad en 524 operativos de vigilancia y la separación, para la movilidad segura, de mujeres y niñas en 195 estaciones del Metro.
Posteriormente, en 2018 el Metro hizo una encuesta sobre la percepción de la calidad del servicio con perspectiva de género, derechos humanos y no discriminación, allí se encontró que 59 por ciento de las mujeres dijeron que se sentirían más seguras si hubiera más presencia de policías.
Con todo y estas estrategias contra el acoso, la violencia escaló a los intentos de secuestro o desaparición. En 2017, según un informe del entonces Instituto de las Mujeres de la capital, las agresiones contra las mujeres en este transporte consistían en miradas lascivas, eyaculación sobre la persona, besos forzados y tocamientos; un año después, las mujeres denuncian que son interceptadas por hombres que intentan llevárselas por la fuerza.
Ante estos hechos, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México incurrió en prácticas contrarias a los derechos de las víctimas que denunciaron: filtró datos de las carpetas de investigación y las revictimizó.
Hasta hoy, Zúe Valenzuela, Estela Tagle y Siomara, las tres víctimas, consideran que las autoridades han estado a la defensiva y no quieren reconocer que están intentando privar de la libertad a las mujeres que viven o transitan en la capital, a pesar de las evidencias que ellas han proporcionado.
Valenzuela y Siomara aseguran que decidieron hacer públicos sus casos para evitar que se repitieran y tener justicia, posteriormente presentaron la denuncia pero por seguridad no detallaron a los medios de comunicación su número de carpeta de investigación, edad, ocupación y sobre todo, la descripción de sus agresores pues temen que ellos, al estar en libertad, tengan los datos de las denunciantes y tomen represalias.
Entre la información que ha dado a conocer la procuraduría está que detuvieron a una persona por tratar de privar a la libertad a una mujer y el pasado 7 de febrero capturaron a dos hombres más que trataron de extorsionar a otra usuaria del transporte. En tanto, las víctimas de estas agresiones no se sienten seguras por la filtración de sus datos, la revictimización y porque las autoridades no les han garantizado seguridad.
“Las autoridades están a la defensiva y no reconocen los intentos de plagio”, afirman algunas de las víctimas