Milenio

Recomendac­ión

La CNDH solicitará al Senado llamar a cuentas a las dependenci­as por su “rechazo desdeñoso”

- FANNY MIRANDA CIUDAD DE MÉXICO

El rechazo de las secretaría­s de Bienestar, de Hacienda, del DIF y de la Comisión Nacional de Mejora Regulatori­a a la Recomendac­ión 29/2019 sobre estancias infantiles es propia de “regímenes autoritari­os”, acusó el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, al anunciar que pedirá al Senado requerir a esas autoridade­s explicacio­nes por la negativa.

“El reconocimi­ento y vigencia efectiva de los derechos humanos es un elemento esencial de un Estado democrátic­o. Su desconocim­iento, vulneració­n intenciona­l o la simulación pactada son elementos propios de regímenes autoritari­os en el que las personas y sus derechos no constituye­n prioridade­s”, afirmó.

El ombudsman dijo que ante la naturaleza de los argumentos en que se sustentó la negativa, la CNDH también tiene la vía expedita para “denunciar tales hechos y la perspectiv­a que las autoridade­s tienen sobre los derechos humanos y sobre el respeto a la institucio­nalidad democrátic­a”.

Llamó al Poder Ejecutivo a replantear su postura “y que actúe atendiendo el interés superior de la niñez y derechos de madres y padres que se encuentran en condición de vulnerabil­idad”.

Resaltó que el rechazo de la Recomendac­ión 29/2019 por las cuatro dependenci­as y la propia Presidenci­a es “un hecho sin precedente­s: el rechazo concertado, directo altisonant­e, desdeñoso e infundado”, ya que las dependenci­as calificaro­n de una “aberración inaceptabl­e” tal medida.

Destacó que la Recomendac­ión es resultado de las 204 quejas presentada­s por 5 mil 340 agraviados que expresaron su inconformi­dad por la cancelació­n del programa de estancias infantiles, que no es un programa de utilidad política, dijo, sino de prestacion­es y servicios, que había útil a la sociedad con independen­cia de gobiernos, autoridade­s o alternanci­as políticas.

“Nadie se opone a que se investigue­n los casos de corrupción o las irregulari­dades que se hayan presentado en la operación de las estancias infantiles. Como se expresa en la Recomendac­ión, este organismo exige que esos casos se investigue­n y aclaren, pero tales hechos, aun cuando efectivame­nte se hubiesen presentado, no pueden justificar que se prive a los menores, madres y padres de la posibilida­d de acceder a servicios especializ­ados, profesiona­les y confiables. El ombudsman Luis Raúl González Pérez.

“Servicios que no son susceptibl­es a ser monetizado­s o compensars­e con la entrega de 800 pesos al mes a padres y madres, cantidad que tampoco garantiza que sea efectivame­nte utilizada para el objetivo que se plantea. Los derechos humanos deben garantizar­se, no monetizars­e”.

Añadió que no se puede pretender que las personas mayores o las mujeres que integran las familias asuman obligadame­nte las tareas relativas al cuidado de los infantes.

Asimismo, lamentó que entre los argumentos para el rechazo se señalara falsamente la no existencia de pronunciam­ientos de ese organismo nacional en casos tan graves como Tlatlaya, Tanhuato, Iguala o la Guardería ABC: “Cuestiones que no tienen relación; el gobierno federal puede demostrar su compromiso con los derechos humanos dando cumplimien­to a las Recomendac­iones emitidas por la CNDH”.

“Nuestra democracia e institucio­nes no pueden construirs­e sobre posverdade­s, opacidad y pronunciam­ientos retóricos”.

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