“Un tribunal cuyas resoluciones se perciben como imparciales es factor de cohesión social”

La Suprema Corte es el órgano en el que la Constitución deposita la función máxima de defender el orden que la misma establece. A través de sus fallos, la Corte salvaguarda el federalismo, preserva la división de poderes y protege los derechos humanos de las personas, lo que hace de ella un órgano equilibrador, un contrapeso al ejercicio del poder y un pilar esencial de la democracia.

PeroparaquelaCortepuedallevaracabouncontrolefectivodelaconstitucionalidaddelosactosdelpoderpúblico,es necesarioquecuenteconautonomíarespectodeéste,paralo cual la Constitución le otorga una serie de garantías institucionales, cuya finalidad es aislarla de los procesos políticos, como salvaguarda de la independencia de sus integrantes.

Así, la independencia judicial se traduce en un sometimiento a la Constitución y al derecho por encima de influencias

externas —ya sea que provengan de autoridades o de particulares— y se erige en un derecho de las personas, que les asegura pleno acceso a la justicia y una protección efectiva de sus derechos fundamentales. La independencia no es, pues, una situación de privilegio para los jueces constitucionales, sino una garantía de que las sentencias que dicten, ya sea a favor o en contra de cualquiera de las partes, serán expeditas, imparciales y razonadas.

En este sentido, la Corte manifiesta su independencia a través de sus fallos, los cuales son un reflejo de la libertad con que cuentan los Ministros para expresar sus argumentos y emitir sus votos, sin injerencias ni presiones de ningún tipo, en sesiones públicas en las que debaten con transparencia y con plena apertura al escrutinio público.

Pero lo cierto es que el derecho no es una ciencia exacta y que las normas jurídicas —particularmente las normas constitucionales construidas en forma de principios— admiten interpretaciones diversas. Por ello, las resoluciones de la Corte no pueden ser evaluadas únicamente a partir de su sentido o de su resultado, sino a la luz de los razonamientos y argumentos que les dan sustento, los cuales deben ser persuasivos, coherentes con los precedentes y claros en cuanto a las operaciones jurídicas que se realizan para llegar al resultado alcanzado.

Como ocurre en cualquier tribunal constitucional del mundo, habrá ciertas decisiones que resulten opinables, polémicas o impopulares y es parte de la vida democrática analizarlas, discutirlas y criticarlas, lo que lejos de debilitar a la Corte la fortalece, porque es en la discusión

Un tribunal constitucional independiente brinda legitimidad al ejercicio del poder

pública sobre su labor en donde se gesta su legitimidad.

El reto es, entonces, que más allá de que la argumentación se comparta o no, el resultado sea razonablemente previsible, que no existan variaciones caprichosas de criterios interpretativos, y que casos iguales sean resueltos en forma similar. Los argumentos que sustenten el fallo deben buscar persuadir a la colectividad de que la decisión adoptada es la correcta en cada caso concreto y que se tomó sin asomo de arbitrariedad.

Solodeestamanerapuedeobtenerse la confianza de la sociedad en el trabajo que lleva a cabo el tribunal constitucional, lo que además genera confianza en elpropiosistemademocrático,entanto demuestra su eficacia para restablecer los cauces constitucionales en el ejerciciodelpoder;paradarvigenciaalospreceptosconstitucionales,yparaproteger los derechos humanos.

En este sentido, es fundamental que la Suprema Corte se consolide como un referente para la sociedad; que sea percibida como el órgano que le da efectividad y vigencia a los derechos humanos y que es capaz de hacer cumplir los mandatos constitucionales, porque con ello no solo se fortalece su rol constitucional, sino que contribuye de manera definitiva a generar confianza en el sistema jurídico en su conjunto.

Un tribunal constitucional independiente cuyas resoluciones son percibidas como imparciales y apegadas a la justicia es, por tanto, un factor de cohesión social que brinda una legitimidad material o sustantiva al ejercicio del poder, lo cual es esencial para el fortalecimiento de nuestra democracia constitucional.