Criminalización de los defensores de bosques
@maiteazuela
Misael Zamora nació en la comunidad indígena tlahuica de San Juan Atzingo que se ubica en el Estado de México. Como sus padres, se ha dedicado a la protección y defensa de los bosques de la comunidad que ocupa un espacio privilegiado porque cuenta con 10 mil 800 hectáreas de bosque y 14 mil 800 de uso agrícola. A quienes han tenido la oportunidad de visitar las lagunas de Zempoala y Huitzilac les será fácil reconocer la belleza natural que esta zona boscosa representa. No en balde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la identifica como una de las 15 zonas con mayor riesgo por tala ilegal.
La lucha de la familia Zamora comenzó en 1998, cuando se atrevieron a denunciar en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), junto con otros comuneros, el incremento de la tala ilegal en la zona. En 2000 solicitaron la intervención del gobierno federal, a través de las instituciones de protección al medio ambiente, para que intervinieran y vigilaran la participación de grupos delictivos en la sustracción ilegal de los recursos forestales de la comunidad. No hubo ninguna intervención penal, solamente y hasta 2004 la Profepa inició proceso de reforestación en la zona, en la que padre e hijo ya participaban activamente para evitar la erosión y promover el acondicionamiento de los suelos.
En 2006, las amenazas de muerte que había recibido Ildefonso Zamora se intensificaron a partir de la presencia de él y su familia en una manifestación contra la deforestación. Tienes tus días contados, si no le paras te vamos a dar en donde más te duela —le advirtieron—. Estas amenazas se materializaron en mayo de 2007 en una emboscada contra sus hijos, en la que asesinaron a Aldo mientras que Misael fue herido de bala en un pulmón. Un mes después, las autoridades federales entregarían el Premio al Mérito Ecológico por la Protección a Idelfonso y sus compañeros. Ni el asesinato ni la herida de bala que sufrieron sus hijos detuvieron a Ildefonso para continuar su lucha contra la tala ilegal.
Seguramente tocó intereses que vinculaban a algunas autoridades, porque el 20 de noviembre de 2015 más de una decena de policías irrumpieron en la oficina de Ildefonso y lo detuvieron sin orden de aprensión y violando el debido proceso. Fue agredido a golpes y su salud fue agravada por los malos tratos que recibió. Se le acusó sin prueba alguna de robo agravado con violencia. Una vez que se amparó, se abrió una carpeta de investigación contra él y su hijo Misael por presuntos delitos de resistencia y contra el medio ambiente, respectivamente. Ildefonso estuvo nueve meses preso y fue liberado gracias a la defensa del Centro Agustín Pro y al apoyo de Amnistía Internacional y Greenpeace.
Misael fue detenido en forma ilegal por integrantes de la Sedena y atraviesa un proceso de criminalización judicial. El 7 de agosto se va a resolver el juicio de amparo que permitiría que se cancele el proceso en su contra. Estemos atentos para que la exigencia de cese a la criminalización sea escuchada por el Poder Judicial y a que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se desista de la falsa acusación.
Misael fue detenido en forma ilegal por soldados y el 7 de agosto se resolverá su juicio de amparo