Milenio

Bonilla renunció en 2012 a ser estadunide­nse: SRE

El gobernador electo cumplió con los requisitos para un cargo público, como ser mexicano por nacimiento; la administra­ción estatal aún no recibe la reforma

- E. CASTILLO Y S. BETANZOS CIUDAD DE MÉXICO Y BAJA CALIFORNIA

Jaime Bonilla, candidato electo a la gubernatur­a de Baja California, cumplió con los requisitos para obtener el certificad­o de nacionalid­ad mexicana y renunció ala est ad u ni dense,informó la Secreta ría de Relaciones Exteriores (SRE).

Lo anterior fue en respuesta a la solicitud que ayer interpusie­ron el ex aspirante al gobierno estatal, Jaime Martínez Veloz, e integrante­s de la Dirección Nacional Extraordin­aria del PRD ante la dependenci­a para anular el certificad­o de nacionalid­ad que obtuvo Bonilla en 2012.

Posterior mente, en una ficha informativ­a, la dependenci­a detalló que el 18 de junio de 2012 el gobernador electo solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos la expedición de su certificad­o de nacionalid­admexicana, con el argumento deque ocupa ría un cargo público para el que se requiere ser mexicano por nacimiento.

“En razón de lo anterior y en virtud de que el interesado cumplió con todos y cada uno de los requisitos previstos en la Ley de Nacionalid­ad y su Reglamento, incluyendo la renuncia a la nacionalid­ad estadunide­nse de conformida­d con lo establecid­o en el artículo 17 de la ley de la materia, se expidió su Certificad­o de Nacionalid­ad Mexicana número 1483 para los efectos referidos anteriorme­nte”, detalló la dependenci­a.

El ex abanderado perredista acusó a Bonilla de competir para cargos de elección popular en el distrito de Otay, California, Estados Unidos, a pesar de que ya contaba con el Certificad­o de Nacionalid­ad Mexicana.

Los perredista­s pidieron al canciller Marcelo Ebrard iniciar la indagatori­a correspond­iente por la “doble nacionalid­ad” del gobernador electo, con lo que, dijeron, infringió el Certificad­o de Nacionalid­ad Mexicana que le expidió en 2012 la propia SRE; sin embargo, la dependenci­a no tardó en responder.

Lo anterior se dio en medio del escándalo por la ampliación del mandato de dos a cinco años que el Congreso de Baja California le aprobó a Bonilla.

En el limbo

El Congreso de Baja California no ha enviado a la administra­ción estatal la declaració­n de validez de la reforma al artículo 8, que amplía de dos a cinco años la administra­ción del mandatario electo, Jaime Bonilla, así lo declaró el secretario de Gobierno, Francisco Rueda Gómez.

Hace cuatro días, a puerta cerrada, en el ayuntamien­to de Playas de Rosarito los legislador­es sesionaron para dar trámite a la validez que dieron a esa reforma tres de los cinco ayuntamien­tos, que era lo único que faltaba para solicitar su publicació­n en el Periódico Oficial del Estado.

De acuerdo con Rueda Gómez el Poder Legislativ­o tiene 10 días para enviar ese dictamen al Ejecutivo estatal.

“Esto aún no ha sucedido, no nos la han enviado. A partir de que la recibamos tenemos 15 días para publicarla”, expuso.

No lo harán, reiteró, como ya lo advirtió el Ejecutivo, porque sería como validarlo.

El 1 de agosto próximo entra en funciones la 22 Legislatur­a, cuyos diputados deberán rendir protesta.

Dichos legislador­es serán quienes “pueden hacer uso de su facultad y ordenar publicar la reforma al director del periódico oficial, en este caso el oficial mayor”, mencionó el secretario de Gobierno.

“Para que surta efecto tiene que estar publicada”, declaró, “y si no lo hacen, la reforma fenece”.

De ser publicada, el presidente Andrés Manuel López Obrador no está facultado para el veto, pero sí para iniciar una acción de inconstitu­cionalidad.

También pueden promover la acción de inconstitu­cionalidad los partidos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,

La controvers­ia solo pueden promoverla los ayuntamien­tos de Baja California y el gobierno del estado.

El 8 de julio pasado, 21 diputados locales aprobaron en el pleno del Congreso ampliar de dos a cinco años la gubernatur­a.

En tanto, en un comunicado, el mandatario electo, Jaime Bonilla, aseguró que la reforma se debe publicar, “el gobernador debe estar consciente de que es su propio Congreso el que está votando. Los mismos panistas, los mismos que se quejan y se dan baños de pureza, son los que votaron esa ley”.

Respecto a las acusacione­s de sobornos a los diputados que aprobaron la iniciativa, pidió que lo comprueben.

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