De alto rango, ex servidores en la mira por Ayotzinapa
La FGR tiene en curso una indagatoria contra elementos de las fuerzas federales, entre los que destaca Tomás Zerón de Lucio, por presuntos delitos cometidos durante el 26 y 27 de septiembre de 2014
De los 235 funcionarios y ex funcionarios denunciados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH)antelaFiscalía General de la República (FGR) por el caso Ayotzinapa, destacan los nombresdeseisdealtorangoquienespresuntamenteincurrieronen diversas irregularidades.
Se trata, entre otros, de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR; Bernardo Muñoz Cano, ex funcionario de alto nivel de la PGR, y de Abraham Eslava Arvízu, ex jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de la Seido.
En días recientes, la CNDH presentó seis denuncias penales contra ex funcionarios federales y estatales que presuntamente incurrieron en delitos y omisiones durante las investigaciones del caso Iguala.
Autoridades vinculadas al caso revelaron que entre los señalados también están Omar García Harfuch, ex jefe de la Policía Federal en Guerrero, quien después fue nombrado titular de la Agencia de Investigación Criminal y actualmente es jefe general de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Ciudad de México.
También fue mencionado Carlos Gómez Arrieta, entonces jefe de la Policía Federal Ministerial, y a quien la CNDH denuncia por su probable participación en la tortura contra Carlos Canto Salgado, la cual quedó grabada y circuló en redes sociales.
En ese sentido, el titular de la Oficina Especial de la CNDH para el caso Iguala, José Trinidad Larrieta, dijo que las penas para los funcionarios que incurrieron en actos de tortura van de los 10 a los 20 años de prisión.
También está señalada la agente del Ministerio Público Lourdes López Lucho Iturbe, denunciada con antelación por la CNDH ante la FGR por su actuar en otros casos de secuestro, así como la coordinadora general de Servicios Periciales de la PGR, Sara Medina Alegría, y el ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero Leonardo Vázquez Pérez.
Trinidad Larrieta detalló que de los 235 funcionarios denunciados, 116 están por irregularidades en la investigación, que pudieran ser constitutivas de delito, 82 de ellos son servidores públicos federales y 34 del orden local.
Otros 119 funcionarios están denunciados por casos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, de los cuales 54 perteneces a la Policía Federal Ministerial de la entonces PGR, 16 son de la Secretaría de Marina y 44 adheridos a la PF.
También hay tres funcionarios de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Guerrero y dos más quienes se desempeñaron en la Comisión Estatal de la Seguridad Ciudadana, hoy Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Sin embargo, Trinidad Larrieta no descarta que el número de funcionarios denunciados se incremente Antes de que iniciara la gestión de Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía General de la República investigó más de 100 denuncias por presuntos delitos de tortura cometidos por elementos de las fuerzas federales que participaron en la detención de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas. Funcionarios del gobierno federal dejaron claro que no en todos los casos se configuraba el delito mencionado, aunque éstas denuncias se están volviendo a revisar. Indicaron que al menos 80 por ciento de las capturas contra presuntos delincuentes estuvieron a cargo de elementos de la secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, además de la PF, y el resto por personal de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y Policía Federal Ministerial, estás últimas de la Fiscalía General de la República. en la medida en la que las investigaciones avancen y se dijo sorprendido por el número de servidores públicos relacionados, lo que “refleja el actuar doloso y de manera generalizada que hay en el sistema de justicia del país”.
El titular de la Oficina Especial para el caso Iguala de la CNDH reiteró que una de las denuncias posiblemente constitutivas de delito es la que tiene que ver con la incursión de personal de la entonces PGR con el detenido Agustín García Reyes, alias El Chereje, en las inmediaciones del río San Juan de Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014 y en la que participó Tomás Zerón, quien habría violado los artículos 20 (apartado B) y 21 de la Constitución, así como los artículos 2 y 3 del entonces Código Federal de Procedimientos Penales y diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al haber practicado una diligencia extraoficial
El ex funcionario trasladó sin autorización del Ministerio Público a un detenido, que nunca tuvo asistencia legal, sin facultades para practicar esa diligencia y tampoco tenía autoridad para dar órdenes a peritos que son auxiliares del Ministerio Público.
De igual manera, la CNDH presentó denuncia administrativa contra 140 servidores públicos, 119 de ellos por 65 casos de los que la comisión tiene registro de tortura y 21 por faltas administrativas.
Antes de la denuncia de la CNDH, la FGR no tenía una investigación contra ex funcionarios de la gestión del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, luego de que la fiscalía del estado fue la que inició con la investigación por la desaparición de los normalistas.
Los funcionarios consultados mencionaron que la administración anterior documentó que el 26 y 27 de septiembre, la policía estatal logró rescatar al menos a 60 estudiantes.