Van 39 denuncias penales contra Sedesol y Sedatu
La ASF señala probable desfalco de 7 mil mdp operado en la gestión de la ex funcionaria
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 39 denuncias contra las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol, ahora Bienestar) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por un probable desfalco de casi 7 mil millones de pesos, operado entre 2013 y 2018, cuando Rosario Robles encabezó esas dependencias.
Se entregaron a la Procuraduría General de la República (PGR, ahora Fiscalía) entre 2015 y 2019 y derivan de 21 auditorías, las cuales suman un probable daño al erario por al menos 6 mil 978 millones 988 mil 924.15 pesos.
La mayoría de las denuncias son por casos en los que se utilizó el esquema de subcontratación de terceros, simulación de servicios y falsos entregables para la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre y programas sociales, como el de atención a adultos mayores y a jornaleros agrícolas, así como la construcción de techos firmes y baños ecológicos para viviendas precarias.
El esquema de subcontratación de terceros para el desvío de recursos es un modus operandi descubierto por la ASF hace más de cinco años y lo describe como “realizar adjudicaciones directas con universidades públicas, otros de educación superior o con dependencias y entidades de gobiernos estatales para las adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, estudios técnicos y supervisión; programas de desarrollo social, agrario o territorial, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su reglamento, sin cumplir con los requisitos mínimos de control que estas operaciones requieren”.
De acuerdo con la ASF, los contratos asignados con este esquema, en algunos casos, otorgaron remanentes en promedio de 8 por ciento a los entes contratados. El desvío se logró, por un lado, con empresas que facturan una presunta prestación de bienes o servicios, proveedores muchas veces elegidos por los mismos servidores públicos involucrados y, en contraparte, a la requirente, la dependencia gubernamental, la cual supuestamente los recibe de conformidad.
Se emiten facturas que ampainstitutos
ran operaciones inexistentes, que deriva en la triangulación de operaciones para dispersar los fondos recibidos a otras empresas relacionadas, sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar los bienes; o en otros casos son proveedores ficticios, no localizados, inexistentes, algunos con nexos entre empresas, donde comparten mismos domicilios, apoderados y representantes legales, o se encuentran sancionados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El destino final de esos recursos públicos es incierto, pues, por ejemplo, en la auditoría D17002, realizada a Radio y Televisión de Hidalgo, el dinero destinado a campañas de la cruzada se depositó en bancos por parte de las empresas subcontratadas y sirvió para comprar divisas en dólares americanos que, a su vez, fueron depositados en cuentas bancarias de China, Ecuador, Bélgica, Israel, Corea del Sur, Pakistán, Nueva York y Miami.
La auditoría con el monto más elevado de presunto daño patrimonial es la 1792-DE, interpuesta el 28 de junio de 2019 contra la Sedatu por posible desfalco de mil 747 millones 666 mil 253.78 pesos, con una probable recuperación de 275 millones 227 mil 300 pesos de la cuenta pública 2016. Muchas de estas denuncias involucran a dependencias federales, universidades y televisoras estatales.