En defensa del Sistema Interamericano
El Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos se ha enfrentado, desde sus inicios, a cierta desconfianza y resistencias. El mandato supranacional de los órganos que lo integran —particularmente la posibilidad que tiene la Corte Interamericana de condenar Estados por violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos— hacen que la efectividad del sistema descanse enteramente en el compromiso y los esfuerzos nacionales, lo que de suyo lo coloca en una posición vulnerable.
Desde hace algún tiempo, una ola de cuestionamientos y críticas por parte de movimientos políticos y religiosos, aunada a una crisis financiera y a la dificultad para obtener el cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana, colocan nuevamente al sistema en una coyuntura complicada.
Esto es grave, especialmente porque el papel que desempeña la Corte Interamericana es esencial para la defensa
de los derechos humanos y, en consecuencia, para la consolidación y el fortalecimiento del Estado democrático. La Corte Interamericana es, muchas veces, la última opción que tienen las víctimas de violaciones a derechos, para obtener justicia, verdad y reparación; las sentencias de dicho tribunal han visibilizado a personas y grupos vulnerables, históricamente discriminados, y su labor interpretativa ha sido fundamental para el desarrollo del derecho común de los derechos humanos en la región.
La recepción del derecho internacional de los derechos humanos en nuestro orden jurídico y el reconocimiento que ha hecho la Suprema Corte de la vinculatoriedad de la jurisprudencia interamericana ha dado lugar a un diálogo entre ambos tribunales y a una protección más efectiva de los derechos humanos, con lo cual se ha avanzado en los proyectos de libertad, igualdad y justicia social que representan los derechos.
El compromiso con la universalidad de los derechos humanos se funda en la idea elemental de respeto a la dignidad de todas las personas y constituye el sustento básico de la democracia y del estado de derecho. En este sentido, el respeto a los derechos humanos es la vía para la solución de los principales problemas que aquejan a las sociedades, bien que se trate del combate a la pobreza, la lucha contra el crimen organizado, el diseño de la política de drogas, los desafíos de los sistemas de salud, la gestión de la migración, etc. Cuando las políticas públicas adoptan un enfoque de derechos, se asegura que sean incluyentes y en beneficio de todos, lo que a su vez las hace sostenibles.
Apostar por los derechos humanos, por su expansión,
Una ola de críticas por parte de movimientos políticos y religiosos arriesga el sistema
desarrollo y efectividad, es la mejor manera de garantizar el bienestar de todos, principalmente de las personas más vulnerables y desprotegidas. Cualquier proyecto nacional en un estado democrático de derecho debe tener como eje el respeto, protección y garantía de los derechos humanos y, en esa misma medida, un compromiso con el fortalecimiento del sistema regional que los estados americanos se han dado para su protección.
La Suprema Corte ha demostrado reiteradamente ese compromiso. Como órgano máximo encargado de la defensa de la Constitución, entendemos que el alcance de la cláusula abierta de reconocimiento de los derechos humanos de fuente internacional nos hace parte integrante del sistema interamericano, en el que las relaciones no se rigen jerárquicamente, sino en función de principios interpretativos que aseguran la máxima protección a las personas y la mayor efectividad de los derechos.
Debemos seguir avanzando y redoblar los esfuerzos internos para asegurar que la Corte Interamericana pueda desempeñar a plenitud su mandato. Por cuanto hace al Poder Judicial de la Federación, esto implica proseguir en los esfuerzos de capacitación, cooperación y participación en la construcción del ius commune de los derechos humanos en la región.
Si creemos en la dignidad, el progreso y el bienestar; si creemos en sociedades más igualitarias, y con una mejor calidad de vida para todos, particularmente para quienes menos tienen, es necesario poner en el centro del sistema político y social a los derechos humanos.