Exigen a SCJN reabrir fideicomiso del río Sonora

Representantes de organizaciones sociales y habitantes de los siete municipios afectados por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, provocado por la empresa Buenavista del Cobre de Grupo México en agosto de 2014, protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir que se reabra el fideicomiso correspondiente para la reparación de los daños.

Señalaron que a cinco años de la tragedia medioambiental “no hay un monitoreo al caso que dé certeza a las comunidades afectadas y solo hay un registro de compromisos incumplidos, de remediaciones inconclusas y de afectaciones persistentes”.

La codirectora ejecutiva del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), Fernanda Hopenhaym, recordó que Grupo México fue multada con 23 millones de pesos, equivalente al 0.00016 por ciento de los ingresos que obtuvo en 2014 y creó el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo privado al que la empresa comprometió 2 mil millones de pesos y que cerró sin dar explicaciones a principios de 2017.

“Este fideicomiso cerró unilateralmente sin dar explicaciones a las comunidades afectadas y sin haber completado el proceso de remediación, de los 2 mil millones de pesos comprometidos se aportaron poco más de mil 200 millones, alrededor del 60 por ciento. El Fideicomiso no cumplió con su cometido y operó de manera opaca y arbitraria”, externó.

Explicó que la semana pasada la segunda sala de la SCJN pospuso para este miércoles la resolución del juicio de amparo 384/2018 interpuesto por el Comité de Cuenca Río Sonora (CCRS), que pone en duda la forma en la que operó el Fideicomiso Río Sonora, “lo que le permitirá tomar una decisión histórica a favor de las comunidades y de regular de forma efectiva y obligar a Grupo México a rendir cuentas”.