Juicio a ex presidentes
Durante la entrevista que brindó a la agencia de noticias Bloomberg, el presidente Andrés Manuel López Obrador refiere que envió una iniciativa de reforma que revertirá la “impunidad institucional” para que a un Presidente se le pueda enjuiciar como a cualquier mexicano que quebrante la ley.
En sentido estricto de justicia, no tendría que someterse a votación si algún ex presidente debería ser investigado. No hay por qué someterlo al consenso ciudadano, simplemente quien violó la ley debe ser castigado.
La plaza pública y la votación con el pulgar arriba o abajo tampoco pueden ser instancia que juzgue. Algunas acusaciones que se hacen a los ex presidentes son estrambóticas y difíciles de probar y pondrían al sistema de procuración y administración de justicia en un atolladero si se da luz verde a investigaciones a destiempo.
Pero esto no quiere decir que la posibilidad de que un ex presidente sea juzgado por sus excesos le haga daño al país, por el contrario. Se trata también de que cualquier señalamiento se demuestre y no quede en meras declaraciones.
¿Por qué no juzgar a Felipe Calderón por actos de corrupción como la Estela de Luz, el apoyo a damnificados que nunca llegó o se analice la responsabilidad que pudiera tener por los miles de crímenes que se cometieron duran
te su mandato, producto de una estrategia equivocada que delegó en mandos hoy severamente cuestionados?
¿ Por qué no juzgar a Carlos Salinas de Gortari, de quien, se dice, posee una inmensa fortuna, producto también de actos de corrupción durante su sexenio?
Hoy quienes fuimos gobernadores somos sujetos de ser investigados ( y en su caso enjuiciados) por acciones u omisiones en el desempeño de nuestras funciones. Y qué bueno que así sea, pero no entiendo por qué los ex presidentes siguen gozando de esta impunidad, colocando a nuestro país en un atraso frente a América Latina y el mundo.
No se trata de promover venganzas políticas, lo cual sería la peor decisión que se podría tomar, sino de eventos debidamente acreditados.
Ya es hora de que el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia actúen en ese sentido.
Hay el antecedente del presidente Luis Echeverría, quien permaneció nueve días bajo arresto domiciliario, por los delitos de genocidio y homicidio, al final se determinó que el caso había prescrito en 2005.
La operación de corrupción de Odebrecht cimbró el sistema político latinoamericano. Recientemente el ex presidente Alan García prefirió suicidarse a enfrentar un juicio por corrupción.
En Perú, Pedro Pablo Kuczynski ofreció su renuncia antes de ser sometido a un voto de destitución en el Congreso; en tanto que Alejandro Toledo y Ollanta Humala enfrentan un juicio también en ese país.
Mismo caso de los brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Michel Temer. En Panamá son investigados los ex presidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.
Y la lista de ex presidentes es aún mayor. Solo en México, que también figura en las investigaciones por el caso Odebrecht, los involucrados permanecen intocados. Hasta ahora. Del anecdotario:
Era el año 2012, nos había golpeado uno de los peores sismos de nuestra historia, se decía que haría erupción un pequeño volcán ubicado en la comunidad de Huajintepec, municipio de Ometepec.
La versión resultó falsa, afortunadamente.
Felipe Calderón, fatuo como siempre, me pidió que visitáramos la zona afectada.
Hicimos un recuento de los daños y el número de viviendas afectadas.
Al final de la gira, con su actitud siempre autoritaria que le distinguía, pues se la creyó que era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sin darse cuenta del ridículo que hacía, pues más parecía “chiricuto”, aquel famoso soldadito de las historietas.
— Oye gobernador, te propongo, dividimos la responsabilidad, tú construyes la mitad de las viviendas dañadas y mi gobierno la otra mitad.
Le contesté que no tenía ningún problema. Pasó el tiempo, mi gobierno cumplió con el compromiso, mientras que Calderón jamás entregó las casas que se había comprometido.
La política es así.