No hay visión de Estado sin derechos humanos
Ante la renovación o reelección del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha anunciado la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de presentar una iniciativa preferente para que la CNDH sea transformada en la Defensoría del Pueblo y, que su titular no sea elegido mediante una terna que los legisladores evalúen para seleccionar al mejor candidato o candidata, sino por un solo postulante que sea propuesto por el Ejecutivo.
Cada uno de estos cambios tiene implicaciones drásticas para la concepción de Estado que los mexicanos
hemos construido y pone en riesgo las pocas herramientas institucionales de las que nos hemos dotado para garantizar la autonomía de un órgano que tenga como centro la defensa de los derechos humanos, así, sin eufemismos populistas que desdibujen su misión. Los procesos democráticos de designación de titulares de los órganos autónomos son un elemento clave para que quien toma las decisiones de la institución las asuma con plena libertad de los tres poderes, en tanto el Ejecutivo presenta propuestas y el Legislativo delibera para que el nombramiento sea otorgado a quien mejor trayectoria demuestre.
Si no hay ninguna intención de debilitar procesos democráticos ni de comprometer la autonomía de la institución, la idea de evitar que los legisladores designen a su titular, le resta facultades al Poder Legislativo, atenta contra las decisiones de la institución que, más que requerir control, requiere fuerza para que aquel ente del gobierno federal que incumple sus recomendaciones sea sancionado. La apuesta parece ser a la inversa.
Si lo que el nuevo gobierno realmente quiere es acercar esta institución a las personas o al “pueblo” como suelen decir, esa iniciativa no es la vía. Es indispensable mantener la autonomía del Ejecutivo sin que esto signifique que la institución sea autónoma
Si el nuevo gobierno quiere acercar esta institución a las personas, esa iniciativa no es la vía
frente a la ciudadanía. Me explico, podemos empezar por ahí, repensar el diseño de los órganos de derechos humanos sin que la esencia de la autonomía sea colocada únicamente en la probidad del titular, sino que se acompañe de un consejo técnico que se involucre en los casos a fondo. Los ciudadanos que acuden a la CNDH no tienen posibilidad de impugnar las resoluciones. Dotarlos de esa herramienta sería clave. Además, se requieren procesos con plazos establecidos y es muy necesario que motive y fundamente sus decisiones, algo tan sencillo como una medida cautelar, por ejemplo.
Con todas las oportunidades de mejora que la CNDH tiene en su diseño interno, es justo reconocer que autonomía del Ejecutivo ha sido indispensable en la consecución exitosa de recomendaciones para casos emblemáticos de violaciones a derechos humamos.
Un cambio de nombre y una designación por dedazo tendría implicaciones no solo simbólicas, sino pragmáticas. Un estadista nunca sacrificaría los procesos democráticos de designación y el contrapeso de poderes, mucho menos restaría importancia a los derechos humanos. En un contexto de militarización inminente, borrar la defensa de derechos humanos de centro de la institución, no es pensar en el pueblo sino restarle garantías.