La inseguridad mata a la 4T
La complacencia ante los criminales ha llevado a que el gobierno estadunidense se involucre y amenace con intervenir; la calificación de los narcotraficantes como terroristas es el primer paso y el Ejecutivo es quien lo está provocando, no el agravio por
El exceso de confianza le impide al presidente Andrés Manuel López Obrador advertir lo que está provocando con su postura respecto a la violencia y la inseguridad. Su obsesión por eso de “ya no es como antes” lo está llevando a generar un problema de proporciones mayores para el país. Los mexicanos tienen confianza en él, pero esperan un cambio en la estrategia de seguridad. Las cifras de la criminalidad son irrefutables, ciertamente ya no es como antes, ahora las cosas están peor. Las organizaciones criminales ganan terreno, recuperarlo llevará tiempo, sangre y lágrimas.
La fallida publicidad sobre la disminución de las bajas por enfrentamientos entre criminales y las fuerzas del orden tuvieron un efecto contrario al buscado. Evidencia de que el Estado ha abdicado a su responsabilidad básica de proteger a las personas y sus familias. Difundir eso en el contexto del anuncio de cifras récord en materia de homicidios dolosos o de hechos emblemáticos de violencia como la matanza de la familia LeBarón o la liberación de Ovidio Guzmán da la impresión de deliberada ausencia de autoridad.
La resistencia del Presidente para reconocer que las cosas van de mal en peor lo ha distanciado de personas de la solidez moral e intelectual de Javier Sicilia, que junto con Julián LeBarón, una de las voces más claras para dar curso al agravio por la indefensión del inocente ante el criminal, marchan hoy para exigir sensibilidad y justicia.
El Presidente no solo ha perdido la iniciativa, también la imagen de una persona que ve por el interés de los desprotegidos y nadie más que las personas ante el criminal. Hoy domingo, el mismo día de la celebración épica amlista, Sicilia y Julián encabezan una expresión pública de indignación por la situación de violencia e impunidad. No importa si son pocos o muchos, lo que vale es la causa y razón de la marcha.
Al gobierno de Peña Nieto lo mató la corrupción, al de López Obrador lo hará la inseguridad si no cambia su manera de lidiar con la violencia y la impunidad.
La complacencia ante los criminales ha llevado a que el gobierno estadunidense se involucre y amenace con intervenir. La calificación de los narcotraficantes como terroristas es el primer paso y el gobierno es quien lo está provocando, no el agravio por la indefensión ante el asesino. El tema no se limita a la familia LeBarón por su nacionalidad, es el conjunto de la estrategia, la que es vista como abandono para aplicar la ley y proteger al inocente. Las autoridades fueron incapaces de ejecutar una orden de aprehensión con propósitos de extradición y tuvieron que liberar al detenido no como un problema táctico, sino como expresión de la nueva política del régimen de permisividad frente al crimen organizado.
El país avanza hacia la polarización, el ambiente de fiesta y esperanza deja de existir para abrir paso a la preocupación. La retórica y la perseverancia presidenciales dan para mucho. Todavía, después de un año de gobierno AMLO tiene apoyo popular, pero es distinto. El beneficio de la duda que le acompaña es duda y ya no es como antes, la certeza de que todo estaría mejor.
La Corte. El Presidente ha dicho que no intervendrá en la designación del Senado de la ministra de la Corte. Una conducta encomiable. Es una buena terna y es su mérito. Lo más importante es que el Senado cumpla cabalmente su responsabilidad. En la recta final la decisión se dirime entre dos mujeres de excepción que dividen a la fracción morenista. Si prevalece el sentido común y el compromiso por el interés general, Margarita Ríos-Farjat continuaría en el buen desempeño que ha tenido como titular del SAT y Ana Laura Magaloni arribaría a la Corte con amplio apoyo y para así enriquecer el aliento de renovación del máximo tribunal, para que la justicia realmente llegue a la gente.
La liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán da la impresión de que se trata de una deliberada ausencia de autoridad