La cortesana
He sido y seguiré siendo respetuoso del Poder Judicial, pero considero deplorable que la semana pasada seis de los 11 ministros de la Suprema Corte la convirtieran en un Despacho Jurídico al servicio del Presidente. Lo digo doliente: hicieron de la Corte una cortesana a los pies del rey.
Sí, el Pleno rechazó la pregunta que el Presidente quiso llevar a consulta pública. Era groseramente inconstitucional, por eso la enviaron al basurero. La desviación se dio cuando, en ejercicio de su facultad, esa mínima mayoría de ministros decidió “reformular” la pregunta rechazada, pero redactó otra totalmente diferente —lo que es cuestionable—, y además, increíblemente disparatada. Preservaron el juguetito de la “consulta”, aunque no se requiera ni proceda para juzgar a ex presidentes o a cualquier persona. Evitaron así la ira del que manda en México, y que azuzara contra el Templo de la Justicia a su caterva de “mascotas” “leales a ciegas”.
La parrafada para la consulta es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos humanos de las posibles víctimas?”.
Ese texto que no respeta ni la sintaxis carece de racionalidad, es confuso, equívoco, tramposo e inútil. El mismo ministro presidente Zaldívar ha dicho que el resultado de la consulta no obligará a la Fiscalía ni a juzgador alguno. La justicia, los derechos humanos y la democracia no se fortalecen con simulaciones.
Pregunto a los seis ministros:
1) ¿Las acciones para “garantizar la justicia y los derechos humanos de posibles víctimas” se someten a consulta pública en un estado de derecho?
2) ¿Quiénes serán los “emprendedores” en ese proceso de esclarecimiento?
3) ¿Pueden precisarnos quién determinará cuáles y cuántas serán las “decisiones políticas” por esclarecer en tan noble tarea?
4) Al referirse a decisiones “tomadas en los años pasados”, ¿más o menos de cuándo a cuándo deberá hacerse ese inconmensurable esfuerzo?
5) ¿Cuánto costará al erario esa descomunal pesquisa electorera?
6) ¿Cuántos y quiénes integran ese universo de “actores políticos”?
7) ¿Qué o quiénes serán los “encaminados”? 8) ¿Debe considerarse a López Obrador un “actor político” desde que tomaba pozos petroleros, o hasta hoy, que no rinde cuentas, ofende a las mujeres, deja sin medicinas a niños con cáncer y un largo etcétera?
9) ¿Ustedes seis, señores ministros, serán considerados, para los efectos del caso, “actores políticos”?
10) Por último: ¿Alguien será investigado y sancionado por despilfarrar entre 8 mil y 10 mil millones de pesos del “pueblo bueno y pobre” en una “consulta” tan inútil como perversa?