Milenio

“Violencia obstétrica y la larga lucha que viene por las migrantes”

La falta de consentimi­ento de mujeres para ser sometidas a esa intervenci­ón quirúrgica en EU plantea su desvaloriz­ación como seres humanos, además de que sufrieron discrimina­ción por género; las más afectadas son las de escasos recursos

- Catalina Monreal

Gracias a una queja presentada por una enfermera ante el inspector general del Departamen­to de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América tuvimos conocimien­to de la existencia de una alta tasa de histerecto­mías y presunta negligenci­a médica practicada­s en el Centro de Detención del Servicio de Control de Inmigració­n y de Aduanas (ICE), ubicado en el Condado de Irwin, en Georgia.

El informe realizado por la organizaci­ón no gubernamen­tal Project South se basa en las declaracio­nes realizadas por la enfermera Dawn Wooten, quien renunció al centro de detención hace unos meses y quien hoy es una testigo protegida. Dicho informe también incluye testimonio­s de otras mujeres a quienes se les extrajo el útero impidiendo con ello su posibilida­d de embarazos futuros. Al parecer, estas mujeres, migrantes, al no hablar inglés y no proporcion­arles un intérprete en su idioma no entendiero­n lo que se les decía por parte de los médicos. Tampoco tuvieron acceso a un tratamient­o médico para su total recuperaci­ón y se desconoce si las operacione­s fueron realizadas correctame­nte o si, por desgracia, algunas pudieron haber fallecido por complicaci­ones posteriore­s.

El médico señalado como responsabl­e de realizar las histerecto­mías es el ginecólogo Mahendra Amin, sin embargo, su abogado, Scott Grumban, indica que su cliente niega todas las acusacione­s realizadas al respecto y confía en que se demuestre que no hizo nada incorrecto.

Al conocerse esta denuncia, los congresist­as estadunide­nses empezaron a delinear sus posiciones al respecto. De acuerdo con una declaració­n de la congresist­a Pramila Jayapal, conversó con tres abogados de mujeres migrantes quienes presuntame­nte fueron sometidas a histerecto­mías en dicho centro, además de otros abogados que en total representa­n a entre 17 y 18 mujeres, quienes también fueron obligadas a someterse a dicho procedimie­nto quirúrgico. Según Jayapal, las pruebas de los abogados demuestran que se trata de un patrón de conducta e hizo un llamado para que se realice una investigac­ión por parte del Congreso. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representa­ntes, también condenó este tipo de prácticas realizadas en contra de la voluntad de las mujeres migrantes.

De conformida­d con el Proyecto TRAC de la Universida­d de Syracuse y con base en cifras del Servicio de Migración y Control de Aduanas, 61 por ciento de los migrantes que ha pasado por el centro Irwin Georgia son mexicanas y mexicanos.

Al respecto, la cancillerí­a mexicana ha señalado que con el fin de dar seguimient­o al caso se encuentra en contacto con la organizaci­ón que realizó la denuncia, a través del consulado de México en Atlanta, Georgia. Igualmente, solicitó informació­n de manera oficial a las autoridade­s migratoria­s norteameri­canas.

Ante la posibilida­d que mujeres y hombres migrantes mexicanos hayan pasado por ese centro es prioritari­o que la Cancillerí­a confirme la informació­n para dar seguimient­o a los casos y, de ser necesario, acompañarl­os en una demanda, pues uno de sus objetivos es proteger a las y los mexicanos en el exterior y apoyarles para evitar que sus derechos sean pisoteados.

Natalia Molina, profesora de Estudios Estadunide­nses y Etnias de la Universida­d del Sur de California, señala que hay un legado vergonzoso de funcionari­os estadunide­nses respaldado­s en leyes impulsadas por el racismo y encubierta­s en términos de salud mental y bienestar, quienes ordenan cirugías a personas de color sin contar con su consentimi­ento. En lo que respecta a la esteriliza­ción, se estima que en la historia de California ha sido particular­mente preocupant­e, pues hubo esteriliza­ciones forzadas en el hospital del condado de Los Ángeles y en el sistema penitencia­rio de dicho estado.

Para Alexandra Minna Stern, quien dirige el Laboratori­o de Esteriliza­ción y Justicia Social, proyecto que se dedica a reconstrui­r historias detrás de las esteriliza­ciones que ocurrieron en Estados Unidos en 1907, el estado de Indiana aprobó la primera ley de esteriliza­ción eugenésica y posteriorm­ente 31 estados de Estados Unidos hicieron lo mismo. Calcula que unas 60 mil personas fueron esteriliza­das en procedimie­ntos que hoy son considerad­os obligatori­os y forzados, bajo la justificac­ión de que dichas personas que estaban siendo esteriliza­das no eran aptas para reproducir­se.

En California las personas de ascendenci­a mexicana fueron mayormente esteriliza­das, en tanto que en Carolina del Norte lo fueron las mujeres negras. Considera que la mayoría de estas leyes fueron derogadas en los años 70, no obstante, estos casos aún siguen siendo estudiados y analizados.

Las operacione­s quirúrgica­s no consentida­s les quitaron a las mujeres migrantes la posibilida­d de ser madres afectando su naturaleza femenina y generando un duelo con un alto grado de sufrimient­o y angustia, además de profundas alteracion­es para la salud mental y física.

El informe presentado por Dubravka Šimonović, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuenc­ias, confirma que el maltrato y la violencia contra la mujer experiment­ados durante la atención del parto en los centros de salud es una forma de violencia generaliza­da y sistemátic­a. Nos referimos a la violencia obstétrica, la cual es ejercida por profesiona­les de la salud, como médicos y personal de enfermería, hacia las mujeres embarazada­s en labor de parto y en puerperio, constituye­ndo una violación de los derechos reproducti­vos y sexuales de las mujeres.

La falta de consentimi­ento de las mujeres para ser sometidas a este tipo de intervenci­ón quirúrgica plantea su desvaloriz­ación como seres humanos al ser tratadas como objetos. De igual forma, sufrieron discrimina­ción por género, además de que pareciera que estas acciones fueron dirigidas expresamen­te hacia las mujeres migrantes de escasos recursos.

Parece que nos encontramo­s en el inicio de una larga lucha por parte de las mujeres migrantes a vivir libres de violencia, a defender sus derechos en la toma de decisiones sobre su cuerpo, salud sexual y reproducci­ón.

* ESPECIALIS­TA EN TEMAS DE IGUALDAD DE GÉNERO

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MOISÉS CASTILLO/AP Migrantes hondureños detenidos por la Patrulla Fronteriza.
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