Restringirá México permisos para la IP en sector energético
La CRE implementa un llamado del Ejecutivo, según documentos a los que tuvo acceso Financial Times
Los reguladores mexicanos están tomando medidas drásticas contra la inversión privada en el sector de energía en el último intento del gobierno nacionalista para proteger a las compañías estatales de petróleo y de servicios públicos, de acuerdo con documentos que pudo ver Financial Times.
La medida intensifica meses de esfuerzos del gobierno para cambiar abruptamente las reglas en el sector que agriaron la confianza de los inversionistas, provoca ron una avalancha de mandatos judiciales y plantearon la posibilidad de litigios en virtud de tratados comerciales internacionales, incluido el nuevo pacto comercial de América del Norte, T-MEC.
Según los documentos, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) está implementando un llamamiento emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador a los reguladores el mes pasado para prohibir nuevos permisos de energía, un movimiento que cubre todo, desde la generación de energías renovables hasta las gasolineras.
Analistas y ex funcionarios dicen que las políticas son un intento de discriminar a favor de la petrolera estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex), y de la Compañía Federal de Electricidad (CFE) sin cambiar la ley.
López Obrador, un ferviente nacionalista energético, consideraa los antiguos monopolios como campeones nacionales y dice que las políticas pasadas permitieron la “conquista” extranjera del sector energético del país.
El gobierno mostró “un grado espectacular de terquedad” al buscar nuevas formas de frenar la participación del sector privado, dijo el director ejecutivo de una compañía de energía renovable.
En los documentos se instruye a los funcionarios a “abstenerse de implementar procesos” establecidos en tres reglamentos de 2017 y 2018.
Los relacionados con la actualización y autorización de permisos, luz verde de la actividad de generación, importaciones y exportaciones. La medida asegura que ese tipo de decisiones ahora tiene que pasar por el consejo directivo de la CRE, indicó un ex funcionario de energía.
López Obrador nombró a leales políticos en el consejo directivo de la CRE, entre ellos un experto en refinerías de 91 años de edad, José Alberto Celestinos, quien la semana pasada aprobó nuevas restricciones a algunos generadores privados diciendo: “(Yo voto) a favor, de acuerdo con las instrucciones del presidente”.
Una portavoz de la CRE afirmó que se trata de documentos que “modificaron procesos internos en apoyo de la lucha con
tra la corrupción y a favor de la transparencia” y que “no deben ser malinterpretados”.
Ló pez Obradores un feroz crítico de la histórica reforma energética de 2013, que incluyó permitir la inversión privada en el sector de gas y petróleo de México, pero dice que solo buscará cambiar la ley si se hunden sus intentos de “rescatar” Pemex y CFE.
El director general de la compañía de energía renovable calificó la prohibición de los permisos como “un nuevo capítulo” en los enfrentamientos de México con el sector privado” y como “absolutamente extrema y absurda”.
Un ex alto funcionario del gobierno dijo que las empresas se “preparan para la batalla legal que vendrá… la idea de inyectar más dinero en el país a partir de ahora está cancela da. Tratan de proteger las inversiones que ya hicieron”.
Eso puede incluir la activación de mecanismos de protección de inversionistas en virtud del T-MEC, el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés) y los pactos con países de la Unión Europea.
Las grandes petroleras y firmas de electricidad internacionales ya invirtieron miles de millones de dólares en México. “Pusimos en pausa las nuevas inversiones”, dijo un ejecutivo de una compañía eléctrica europea, y agregó que“se está considerando seriamente” el arbitraje internacional.
Una fuente cercana a la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) dijo que la CRE “congeló” 154 solicitudes de permisos.
“Están logrando muy poco, pero la destrucción en términos de certidumbre regulatoria y de inversionistas es muy grande”, dijo el ex funcionario.
Es el último intento para proteger a las empresas estatales Pemex y CFE