Cárteles de Jalisco y de Sinaloa se pelean seis grandes puertos
Autoridades federales documentan operaciones criminales y evasión en Ciudad del Carmen, Ensenada, La Paz, Manzanillo, Mazatlán y Lázaro Cárdenas
Autoridades de inteligencia y fiscales revelaron que los cárteles de Jalisco y de Sinaloa disputan el control de esos puertos, lo que ha elevando los niveles de violencia. También han documentado la pérdida de millones de pesos en la gestión de trámites en las últimas dos décadas en que la SCT tuvo el control de las 117 terminales marítimas del país.
Los puertos de Ciudad de Carmen, Ensenada, La Paz, Manzanillo, Mazatlán y Lázaro Cárdenas son utilizados por los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación para el trasiego de droga y precursores químicos, por lo que ambos se disputan las entradas marítimas y control de rutas elevando “los índices de violencia”.
El gobierno federal y la Auditoría Superior de la Federación detectaron diversas irregularidades en los puertos, que van desde la entrega de las terminales marítimas a los cárteles, hasta la pérdida de millones de pesos por corrupción en la gestión de trámites; lo anterior durante las últimas dos décadas cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes era la encargada de las operaciones de los 117 puertos y terminales del país.
De acuerdo con documentos de inteligencia federal, se identificó a los seis puertos con más operaciones de grupos del narcotráfico y el diagnóstico es que en la gestión de la SCT en esos puertos las bandas criminales promovieron “la corrupción con funcionarios y autoridades para involucrarlos en sus operaciones y extraer o cargar drogas”.
Puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas se convirtieron en puntos estratégicos de los cárteles hasta donde “llegaban embarcaciones procedentes de Sudamérica, pero con banderas de otras naciones, las cuales transportaban la droga de diferentes métodos: ocultándola en los barcos, atando sumergibles pequeños a modo de torpedos o incluso pegada a sus cascos contenedores”.
Otra de las irregularidades detectadas fue el trasiego de combustible de manera irregular en las terminales de usos múltiples ubicadas en el Golfo de México, con la anuencia de autoridades de la SCT y de Petróleos Mexicanos.
Sobrelasanterioresautoridades portuarias también pesa la falta de transparencia en la concesión y manejo de la seguridad privada de los puertos y terminales marítimas; en la adjudicación directa de los contratos de cesión parcial de derechos y evasión fiscal.
Respecto a las escuelas náuticas, también operadas por la SCT, carecen de la infraestructura para cumplir con la capacitación de calidad de los alumnos, toda vez que “no cuentan con un buque escuela (como lo marca la ley), no hay fuentes de trabajo para los egresados, apenas 1 por ciento de los oficiales egresados pueden hacer prácticas a bordo de embarcaciones, tampoco cuentan con albercas, laboratorios y alojamientos adecuados”.
Existe falta de transparencia en la ejecución de obras en diversos puntos
Asimismo, la situación se agrava cuando “el personal náutico mercante debe tramitar sus certificaciones con autoridades marítimas del extranjero”.
En cuanto al dragado (equipo que se emplea para ahondar y limpiar los puertos, extrayendo fango, piedras y arena), en los puertos de mayor tráfico de embarcaciones mayores, esta actividad ha sido susceptible a “procesos poco transparentes”, otorgando permisos a naves extranjeras mediante concesiones adjudicadas a contratistas, quienes a su vez subarriendan la obra por falta de capacidades técnicas, encareciendo los servicios y retrasando la ejecución.
De 2010 a 2018 se licitaron 89 obras de dragado entre las que destacan el nuevo puerto de Veracruz y la expansión del de Lázaro Cárdenas; de ellas, 59 fueron adjudicadas a micro y pequeñas empresas, mismas que por falta de capacidades tuvieron que subarrendar las obras, incrementando los costos de dragado.
Actualmente, las Capitanías de Puerto, a cargo de la Secretaría de Marina, cuentan con la capacidad de haceer todos los trámites administrativos que demanda el sector marítimo.
Por lo que con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la Autoridad Marítima se duplicaron las funciones de la SCT, lo que evita el dispendio de recursos humanos, financieros, materiales y el aparato burocrático, cumplien
do con el principio de austeridad.
Con la nueva legislación, las Capitanías de Puerto pueden atender los trámites, como lo hacían anteriormente, sin incrementos en personal y presupuesto, eliminando la estructura que estableció recientemente la SCT con las Oficinas de Servicios a la Marina Mercante.
Anomalías en contratos
Los puertos de Lázaro Cárdenas, Mazatlán, Altamira y Topolobampo tienen desde hace siete años pendientes por comprobar cerca de 234 millones de pesos que serían destinados a obras públicas en sus instalaciones.
Estos puertos son los que tienen los montos más elevados por comprobar, por contratos que tuvieron un sobreprecio, por los que se les señaló por un presunto daño patrimonial: Lázaro Cárdenas debe 93.3 millones de pesos; Mazatlán, 87.8 millones; Topolobampo, 27.8 millones, y Altamira, 25 millones de pesos.
Mientras que las Administraciones Portuarias Integrales de Coatzacoalcos, Ensenada, Guaymas, Progreso, Tuxpan y Veracruz también tienen montos por aclarar que van de los 400 mil a los 11 millones de pesos.
La ASF señaló irregularidades de recursos en Lázaro Cárdenas en la Cuenta Pública 2015, así como el no recuperar pagos adelantados a una empresa a la que después le rescindió el contrato, la adjudicación directa sin explicación de otra empresa para que concluyera los trabajos que dejó pendiente la primera y pagos de trabajos no hechos, entre otras.
Mientras que la Cuenta Pública 2018 detectó un faltante de 11 millones 295 mil 425.29 pesos en la ampliación natural del puerto de Veracruz en la Zona Norte y Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas.
Unañoantes,en2107,laAuditoría detectó también anomalías en laaplicaciónde37millones888mil 494.27 pesos en la ampliación del puertodeIsladelCarmen,Campeche, según la resolución 330-DE.
Entre las irregularidades se comprobó la autorización del pago de 13 mil 992.56 metros cúbicos de carpeta de concreto asfáltico de 12 centímetros de espesor sin que se acreditara totalmente su ejecución; la supervisión externa no vigiló la adecuada aplicación de los trabajos y permitió el pago de ese concepto sin que se haya efectuado.
Tampoco se aplicaron las penas convencionales a que se hizo acreedora la empresa de supervisión externa, por los atrasos registrados en las obras y se omitió registrar en la bitácora electrónica del contrato de servicios relacionados con la obra pública los avances y aspectos relevantes, ya que existen periodos sin registros hasta por 586 y 158 días naturales, determinó la Auditoría.
En la Cuenta Pública de 2013, bajo el número DE-091, la Auditoría Superior determinó la falta de comprobación de 87 millones 823 mil 600 pesos por obras en el dragado del Canal de Navegación desde la Bocana hasta la Dársena de Ciaboga en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.
En términos generales, la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., no cumplió con las disposiciones legales y normativas en el pago de estimaciones sin documentales que acrediten su procedencia por los más de 87 millones de pesos. “Se consideraron volúmenes de material que no se encontró físicamente en la obra; hubo omisión normativa por parte del ente fiscalizado, debido a que no notificó en tiempo y forma al Órgano Interno de Control de la documentación presuntamente apócrifa presentada por uno de los licitantes que participaron en el proceso”, informó la ASF.