Milenio

Iniciativa de reforma en puertos y marina mercante; ¿por qué Marina?

Los cambios a Ley Orgánica de la Administra­ción Pública Federal propuestos por Morena buscan que la Semar retome facultades legales para atender trámites y servicios de transporte marítimo mediante una ventanilla única

- LILIANA DÍAZ MEDINA*

Estamos ante lo que puede ser la sexagésima sexta reforma a la Ley Orgánica de la Administra­ción Pública Federal, la cual está vigente desde 1976, año en que el Ejecutivo federal, entonces encabezado por José López Portillo, determinó trasladar las atribucion­es en materia de puertos y marina mercante de la Secretaría de Marina a la de Comunicaci­ones y Transporte­s. Hoy, a más de 40 años, el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestad­o públicamen­te la necesidad de poner orden en los puertos y aduanas para combatir la corrupción.

Una iniciativa de reforma a la ley señalada anteriorme­nte, así como a la de Navegación y Comercio Marítimos y de Puertos, fue presentada el pasado 8 de septiembre por la legislador­a de Morena Juanita Guerra, quien actualment­e funge como presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, quien además participó con 11 compañeros de su partido en la presentaci­ón de una iniciativa de reformasim­ilarel16de­octubrede 2019,buscandola­transferen­ciade funciones marítimas y mercantes de la SCT a Semar, pero sin considerar los puertos marítimos; esta vez la propuesta de la diputada Guerra sí los incluye.

La reforma busca que la Marina retome facultades legales para atender la totalidad de los trámites y servicios de transporte marítimo a través de una ventanilla única, dirigir la educación náutica mercante, elaborar y conducir la política marítima nacional, desarrolla­r las obras de dragado que sean necesarias para el país, supervisar el servicio de pilotaje, administra­r la marina mercante y ejercer la autoridad de protección portuaria, atribucion­es todas que actualment­e están a cargo de la SCT, pero ¿por qué la Marina?

Tal y como se mencionó, la Secretaría de Marina ya estuvo encargada desde su creación en 1940 de los asuntos marítimopo­rtuarios del país y una vez que sus atribucion­es fueron transferid­as a la SCT continuó colaborand­o a petición de esta última, debido que no contaba con los medios para cumplir con ciertas obligacion­es como la búsqueda, rescate, salvamento y auxilio en las zonas marinas mexicanas, así como los compromiso­s internacio­nales, lo que posteriorm­ente dio lugar a la creación de los Centros Unificados para la Atención de Incidentes Marítimos y Portuarios, un grupo de coordinaci­ón interinsti­tucional entre Semar-SCT para el establecim­iento de niveles de protección en las instalacio­nes portuarias, principalm­ente.

Estamos hablando de que, por muchos años, una secretaría de Estado, es decir, Marina, ejerció materialme­nte las obligacion­es que legalmente eran responsabi­lidad de otra.

El presidente López Obrador manifestó la necesidad de poner orden en puertos y aduanas

Fue hasta 2006 cuando por medio de una reforma a la Ley Orgánica de la Administra­ción Pública Federal se regularizó la búsqueda y rescate para conferirla a la dependenci­a que de facto la implementa­ba. Por otra parte, las obligacion­es del Estado mexicano en materia de protección marítima y portuaria pasaron del nivel de acuerdos de colaboraci­ón al de rango de ley tras la reforma instaurada en 2016, mediante la cual se transfirie­ron las capitanías de puerto a Marina y, a la vez, quedó establecid­o que ambas dependenci­as debían coordinars­e para implementa­r las medidas tanto de protección marítima como portuaria; sin embargo, dichas funciones quedaron divididas entre las dos, ya que en la práctica, la Semar se encarga de la implementa­ción de dicho código en las embarcacio­nes y la SCT respecto a las instalacio­nes portuarias por medio del Fideicomis­o de Formación y Capacitaci­ón para el Personal de la Marina Mercante Nacional.

Porotrolad­o,lanotoriao­misión

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L delaSCTene­lcumplimie­ntodealgun­as de sus obligacion­es fue otro de los detonantes de la reforma.

El artículo 36 fracción I de la citada ley orgánica, señala que esa dependenci­a debe formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte por agua, obligación que fue incorporad­a desde 1982, pero que a la fecha no se le ha dado cumplimien­to; por tanto, nuestro país no cuenta con una línea clara de los objetivos que tiene en la materia y de las estrategia­s que deberá implementa­r para alcanzarlo­s.

Resulta increíble que un país como el nuestro, con el potencial que tiene, no se haya preocupado hasta la fecha por sentar las bases de su desarrollo marítimo.

Está por demás mencionar que los alumnos que cursan sus estudios en las tres escuelas náuticas del país carecen de un buque escuela para llevar a cabo sus práca ticas, sin mencionar que esa falta contravien­e lo establecid­o en el artículo 31 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

De ahí que la legislador­a justifique su intención de retirar atribucion­es legales a quienes no les está dando debido cumplimien­to.

Adicionalm­ente, a partir de la transferen­cia de las capitanías de puerto a la Marina, la atención de los asuntos marítimos del país quedó fragmentad­a, pues la reforma de 2016 generó una división de atribucion­es entre ambas dependenci­as, lo que ocasiona duplicidad de funciones e incertidum­bre en los particular­es que acuden a la mal llamada ventanilla única, tanto de SCT como de Semar.

La iniciativa no contempla la transferen­cia de aduanas marítimas, ya que las atribucion­es de la Secretaría de Hacienda en la materia serán reforzadas con personal de Semar por medio de acuerdos de colaboraci­ón.

La iniciativa de reforma, que actualment­e se encuentra en análisis en el Senado implica una reestructu­ración parcial de la organizaci­ón de la administra­ción pública centraliza­da, concretame­nte en materia de asuntos marítimos, puertos y marina mercante, al concentrar­las en la secretaría de Estado que cuenta con el personal y los medios para hacerlas cumplir, la Marina.

*CAPITÁN DE CORBETA DEL SERVICIO DE JUSTICIA NAVAL Y DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIO­NALES Y MARÍTIMO PORTUARIOS DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE MARINA

La informació­n completa en:

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