Viene peor la crisis de los medicamentos
La farmacéutica jali science, Pisa, fue sancionada el día de ayer por la Secretaría de la Función Pública (SFP). Por una infracción menor, ocurrida en 2017, quedó impedida para vender productos al gobierno durante casi tres años.
Se trata de la misma empresa que, hasta mediados de 2019, proveía a nivel nacional 85 por ciento de los medicamentos contra el cáncer. La suspensión de actividades de su planta, a cargo de la Cofepris, es la principal explicación de la carestía que tiene en jaque a decenas de miles de pacientes oncológicos.
Esta situación da para escribir una novela trágica. Pisa afirma que el cierre en la línea de producción de 29 claves farmacéuticas, por parte de Cofepris, impidió que continuara surtiendo al mercado. La autoridad, por su lado, asegura que la empresa quiso extorsionar al gobierno escondiendo el medicamento.
En cualquier caso, quien sea culpable cometió un acto inmoral que merece ser investigado, incluso penalmente, porque cerró la principal fábrica de medicamentos oncológicos del país sin haber previsto una alternativa.
Ayer, el pleito escaló varios niveles: la SFP prohibió a todas las dependencias de la administración pública federal, estatal o municipal realizar cualquier acuerdo comercial con Pisa.
Es imposible cuantificar el impacto que tendrá la nueva decisión en el sistema de salud, pero la experiencia de la crisis oncológica puede ayudar con el cálculo.
Pisa es una empresa que provee, por ejemplo, más de la mitad de los servicios de hemodiálisis en el sistema público de salud. Una filial suya es también la empresa dominante en la mezcla de fármacos oncológicos. Es, además, la principal fabricante mexicana de ansiolíticos, antidepresivos, sueros y antibióticos. En total, su producción anual supera las 830 millones de dosis médicas y una buena parte de ellas eran consumidas en el sector público.
Zoom: a partir de ahora, la crisis de los medicamentos contra el cáncer va a extenderse hacia otras áreas sensibles de la salud pública. Cabe temer, como sucedió en el tema oncológico, que el gobierno no cuente con un plan B para administrar el terremoto que viene.
Quien sea culpable cometió un acto inmoral que debe ser investigado