¡Vamos a la playa!
Pocas cosas resultan tan frustrantes como buscar un acceso público a la playa en la Riviera Maya, esa hermosa zona ubicada entre Cancún y Tulum, unos 130 kilómetros de litoral con aguas turquesas y arenas níveas, reservadas para quien pueda pagar un hotel de gran turismo, de esos que han cerrado el paso a vacacionistas de bajos ingresos.
Lo mismo ocurre en otros lugares turísticos del país como Los Cabos, donde las entradas libres a playas entre San José y San Lucas son escasas, o en Punta Diamante, en la zona exclusiva de Acapulco, al igual que en la Riviera Nayarita, entre otros.
A partir del decreto publicado este miércoles 21 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, esas prácticas discriminatorias pueden empezar a cambiar.
El decreto, aprobado en el Senado desde el 30 de septiembre, pero publicado hasta ayer, consiste en una modificación a la Ley General de Bienes Nacionales para añadir un párrafo en donde se garantiza el acceso a las playas, que no podrá ser “inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado”.
La Semarnat tendrá que garantizar el acceso mediante la figura legal de “servidumbre de paso” y una compensación de acuerdo con el reglamento de ley.
En caso de incumplir tendrán que pagar una multa de hasta un millón de pesos (12 mil veces la unidad de medida) y de haber reincidencia se exponen a que se les revoque la concesión, autorización o permiso que tengan para instalarse en zonas federales.
En el mercado inmobiliario los frentes de agua son las zonas más cotizadas: “Ubicación, ubicación, ubicación”. Sea una playa, un río, un lago o laguna, quien puede pagarlo buscará que sus ventanas tengan una vista con el agua como protagonista.
Enrique Peñalosa, urbanista y actual alcalde de Bogotá, ha sido una de las figuras públicas que más ha insistido en liberar los frentes de agua para disfrute de toda la población, mediante infraestructura peatonal.
“Hacer vías por los frentes de agua destruye la calidad urbana pero muchas ciudades tercermundistas continúan haciéndolas”, advierte el también ex director general del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.
Hay países que tienen mayores avances que México, por ejemplo, Chile, donde desde 1997 está permitido el acceso no solo a las playas, sino también a lagos y ríos.
El decreto del Congreso no toca a estos últimos y por ello habrá que esperar a una nueva modificación legal para que esa privatización deje de operar en lugares como el lago de Tequesquitengo, en el sur de Morelos, donde todos los frentes de agua están copados o en los márgenes de ríos y lagunas de Tampico, bloqueados por clubes privados, como en el Pánuco o en la Laguna del Chairel.
En un país desigual, la privación del derecho al disfrute de las playas, poner atención a esos problemas es un buen paso, pero solo eso, porque para volverlo realidad se requiere aún de mucha voluntad política, presión social y hasta presupuesto, para pagar las compensaciones que harán falta. Ojalá y los legisladores no cejen en el esfuerzo.
“En el mercado inmobiliario los frentes de agua son las zonas más cotizadas”