Civiles y militares
La detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos es un grave acontecimiento. No deben anticiparse sentencias, menos con un militar del más alto rango. Sin embargo, independientemente de lo que resulte del juicio, lo que ocurre ha sido responsabilidad de los civiles y más específicamente de los tres últimos presidentes.
Al Ejército se le han asignado tareas que no le corresponden, resultado del fracaso de los gobernantes en materia de seguridad pública y específicamente por la incapacidad de las policías bajo mando civil. Asimismo, los presidentes abandonaron —por ignorancia o por sentimiento culpa— la debida relación con las agencias y áreas de inteligencia norteamericanas.
La soberanía nacional pasó al cajón de la retórica. Los espías y policías norteamericanos se despacharon con la cuchara grande, como es evidente de la manera como se investigóalgeneralCienfuegos.Almismotiempo,losserviciosde inteligencia nacionales —no solo el Cisen— dejaron de tener la eficacia que la situación demandaba. Los altos funcionarios, todos, deben estar sujetos a observación y por lo delicado de la materia solo el Presidente de la República debe ser el responsable de ello. La confianza no es un acto discrecional, es producto de un método y una forma de trabajo del Jefe de Estado.
El Ejército es la institución fundamental de la soberanía nacional y la seguridad interior. Es obligación de los presidentes cuidarlo y no disponer de éste indiscriminadamente por el fracaso de las estructuras civiles responsables de la seguridad pública.
La lucha contra el crimen organizado requiere de la colaboración con los gobiernos de los países vecinos. Relación que debe tener lugar con estricto apego al marco legal y atendiendo un principio de igualdad entre los estados. No ha ocurrido así.
La lucha contra el crimen organizado requiere de la colaboración con los gobiernos vecinos
Tres errores básicos de los pasados presidentes ahora convergen en sus perniciosos efectos: que las fuerzas armadas realicen labores que corresponden a policías bajo mando civil, la insuficiencia del sistema de justicia para abatir la impunidad, y la falta de cuidado en la relación con las agencias e instituciones de seguridad norteamericanas.
El fracaso de los civiles ha llevado al país a la peor situación: inseguridad rampante, comercio de drogas sin control, violencia extrema a la población, fuerzas armadas expuestas al poder corruptor del crimen y un sistema de justicia en el que conspicuos funcionarios están en el banquillo de los acusados en un juzgado en Nueva York por delitos cometidos en territorio nacional.
Debe revertirse el proceso de descomposición que viene de 20 años atrás, agravado recientemente por el desmantelamiento de las fuerzas policiacas civiles bajo mando civil y la prevalencia de la impunidad. De participar en ese objetivo, el Presidente habría de contar con el respaldo total de los mexicanos y de la diversidad política e institucional. Como siempre, el Presidente tendría el apoyo decidido, leal y comprometido de las fuerzas armadas.