Litigios energéticos
Es cierto, como señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro del T-MEC México tiene “el derecho soberano para decidir en materia de política energética”. El artículo 8.1 del tratado dice que “México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico”, de acuerdo con la Constitución.
Sin embargo, son válidas las quejas de empresarios, inversionistas y legisladores de Estados Unidos y otros países sobre la falta de certeza jurídica en la política energética de México. Hay muchas trabas, entre ellas la revisión de contratos y las presiones para modificarlos, tanto en materia petrolera como de electricidad; la inversión privada está prácticamente paralizada o con proyectos pospuestos o vendidos.
Un ejemplo claro de afectación es el de Iberdrola y los mil 200 millones de dólares invertidos en la construcción de la central térmica de ciclo combinado en Tuxpan. CFE se negó en el último momento a venderle gas proveniente del nuevo gasoducto, y presionó a TransCanadá, que tiene derecho a transportar gas por el mismo ducto para que igual en el último minuto no firmara el contrato de venta con la empresa española.
Ese tipo de presiones alimentan la inseguridad jurídica, incluso la fiscal. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) dijo que preocupa que “la política fiscal parece encaminarse a elevar la recaudación a toda costa, utilizando mecanismos punitivos que son aparentemente excesivos y bajo un clima de amenaza y persecución”.
Continuarán los litigios por la clara definición presidencial de dar preferencia a CFE y Pemex porque es la “única manera de que yo pueda cumplir el compromiso de que no aumenten los precios de la energía eléctrica, de las gasolinas y del diésel”. Y aquí la advertencia: “En el caso de que no se pueda con el actual marco legal fortalecer a Pemex y a la CFE, voy a enviar, si es necesario, una iniciativa de reforma a la Constitución para que vuelva a prevalecer el espíritu del artículo 27 constitucional”.
Cuarto de junto
El gobierno de Jalisco, de Enrique Alfaro, actualizará su red estatal al protocolo MXLink, para interoperar con las tecnologías Tetrapol y P25 y estar al nivel de la Marina, la Guardia Nacional y Sedena, entre otras, en el envío de datos, geolocalización, transmisión de video y mensajería multimedia aunado a los servicios tradicionales de radiocomunicación… El comercio mundial de servicios, según la OMC, tuvo una caída récord de 30 por ciento en el segundo trimestre del año, superior al 17 por ciento del segundo trimestre de 2009.