“Fin de fideicomisos: la evidencia empírica no justifica el móvil”
Oficialmente, la desaparición de los fideicomisos fue para “combatir el despilfarro de los bienes nacionales y administrarlo con eficiencia… transparencia y honradez”. Algunos sostienen que el fin fue más bien presupuestario y a favor de la discrecionalidad.
Veamos: eran 332 fideicomisos administrando 728 mil millones de pesos. La gran mayoría subsistirá administrando 91 por ciento de los fondos originales, notable mente los fondos de pensión, salud, estabilización, infraestructura, transición energética, entre otros.
Los fondos liberados representan 1 por ciento del proyecto del presupuesto y de los desaparecidos observamos lo siguiente: los de Conacyt (37 por ciento del monto desaparecido), con irregularidades en su manejo; los exitosos se seguirán apoyando directamente.
De los otros desaparecidos puedo dar cuenta analítica de un 54 por ciento:
— Financiera rural (13 mil millones). Opera con 31 mil millones de capital para activos de 61 mil. Las mejores prácticas indican que necesita substituirlo por fondeo.
— Fondo minero (7 mil 500 millones). Creado por este mismo gobierno, donde la política de las mineras que operan está siendo cuestionada.
— Fonden (6 mil 800 millones). Me constan irregularidades que ya he denunciado.
— Fondo metropolitano (4 mil mi
En su gran mayoría fueron mal utilizados o resultaron inefectivos
llones), supuestamente para favorecer los “desarrollos metropolitanos”. Me constan ineficiencias pasadas tan solo en CdMx. ¿A usted no?
— Fondo regional (3 mil 200 millones), para acceso a educación y salud. Al menos en Chiapas me consta que esto no ha funcionado.
— Acceso a financiamiento a mipymes a través de Banjército (2 mil millones). Con recursos Inadem, que me consta que fueron mal administrados. — Fortalecimiento de Sofipos a través de Nafin (mil millones). Me consta su subutilización.
Concluyendo, el móvil presupuestario para la desaparición de fideicomisos no es soportado por la evidencia empírica, misma que además indica que en su gran mayoría fueron mal utilizados, subutilizados, o resultaron inefectivos para atender las necesidades para lo que fueron creados.
El reto de la administración pública federal es establecer mecanismos más eficientes para su atención.