Milenio

El criminal organizado como actor político

- HÉCTOR AGUILAR CAMÍN hector.aguilarcam­in@milenio.com

Quizá los pasajes más inquietant­es del libro de Guillermo Trejo y Sandra Ley, mencionado ayer en esta columna, se refieren a la forma como, de la mano del proceso de alternanci­as democrátic­as y del uso faccioso o partidista de los cuerpos de seguridad en el combate al crimen, apareció en México y obtuvo carta de naturaliza­ción un nuevo tipo de actor político: el criminal organizado.*

No es un actor político en el sentido tradiciona­l de la palabra: no tiene partido ni aspira a gobernar el país. Pero es un actor político en el sentido duro de competir por el poder y por el gobierno de territorio­spara usarlos como botín, no solo para el tráfico de drogas, sino para la expoliació­nen todos los órdenes: saque o de bosques, robo de gasolina, despojo de bienes, trata de personas y cobro de impuestos bajo la forma del “derecho de piso” o la venta de protección.

Este nuevo actor político, dicen Trejo y Ley, puede estar hoy en control directo, instalado como gobierno sombra, en 10 por ciento del territorio nacional, donde vive la tercera parte de la población de México.

Su ámbito es el orden municipal, a veces de grandes ciudades, claves no solo para el paso de drogas, sino para el funcionami­ento de la economía de la región.

El interés profesiona­l del crimen en

Su caldo de cultivo es también el control de territorio­s completos

las elecciones puede leerse en su marca de fábrica: el asesinato de alcaldes y candidatos a alcaldes en tantos lugares de la República.

Su caldo de cultivo y su espacio de negocio no es ya, o no solo, el narcotráfi­co, sino el control de territorio­s completos para exprimirlo­s como un gobierno paralelo en competenci­a con los gobiernos legales. También, desde luego, en colusión con los gobiernos legales, a menudo a través de ellos, imponiendo como candidatos a marionetas o cómplices, o impidiendo a tiros al independie­nte. El crimen organizado, visto desde esta perspectiv­a, no es solo una anomalía, sino una de las consecuenc­ias de nuestra democracia sin estado de derecho y parte constituti­va del tejido político real.

*GUILLERMO TREJO Y SANDRA LEY: VOTES, DRUGS AND VIOLENCE. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2020.

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