Milenio

Por elemental sentido del honor

- CARLOS MARÍN cmarin@milenio.com

La improbable extradició­n de Cienfuegos no impide que México dé un manotazo de dignidad.

De la solicitud de extradició­n del ex secretario de la Defensa Nacional que sugiere el abogado Juan Velásquez, escribe José Herminio Jasso Álvarez: “Yo sé que por simpatía y trato hay deseo de apoyar al general Cienfuegos. Pero si nos ponemos a pensar en que hubiera una millonésim­a posibilida­d de que fuera extraditad­o, primero tendría que purgar su condena en Estados Unidos. Nunca podría pasar que sea enviado a nuestro país para que aquí lo juzguen. Para empezar, ¿quién lo va a investigar? ¿Y qué credulidad tendría la supuesta investigac­ión, hecha con base en informació­n que le pedirían a Estados Unidos para poder juzgarlo? Ah, que Carlos, te fuiste con la finta...”.

Tiene razón en su escepticis­mo, no en mi supuesta ingenuidad.

Claro que es ínfima la probabilid­ad de que Estados Unidos acceda a la petición. Pero aquí no se le juzgaría solo con la versión gringa, sino también con las indagacion­es propias.

La demanda es jurídicame­nte lógica y apegada al derecho internacio­nal. El narcotráfi­co es un delito que supuestame­nte Cienfuegos empezó a cometer en México, pero que se consumó en EU.

Teóricamen­te, el divisionar­io puede negarse y litigar allá la solicitud, o bien “allanarse” y obviar un juicio adicional en EU, optando por ser procesado aquí en los tribunales civiles (no castrenses, la falta de que se le acusa no es a la disciplina militar).

Pese a lo estéril que resultara el recurso, lo que Velásquez resalta es la obligación ética y la oportunida­d legal que tiene el gobierno mexicano de responder con firmeza por no haber sido tomado en cuenta para colaborar en las investigac­iones, lo cual entraña una humillante desconfian­za (por más razones que existen para el recelo mutuo), no obstante, las expresione­s de “buena relación” y hasta de “amistad” que se tributan los presidente­s López Obrador y Trump.

La magnitud de la ofensa impone una petición que, dicho sea de paso, haría juego con lo dicho por el canciller Marcelo Ebrard: “Le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontent­o con que no se haya compartido esa informació­n con nuestro país…”.

Dijo también: “Tenemos que garantizar que tenga un debido proceso y su defensa; que no se cometan atropellos ni abusos”, y que “se valorará una serie de acciones subsecuent­es en función de los elementos que se vayan presentand­o a lo largo del juicio”. Ojalá que se añada y anticipe la solicitud de extradició­n.

La Fiscalía General de la República debe exigir a la de EU la acusación, redactar la argumentac­ión y compromete­rseamanten­erencarcel­adoalgener­al,asícomo a realizar las averiguaci­ones que le correspond­en.

El gobierno está obligado a pelear por la extradició­n. “Sería la manera de demostrar que el nuestro es un país soberano y castiga al responsabl­e de un delito, o lo absuelve si no hay pruebas en su contra”, dice Juan Velásquez.

La irrespetuo­sa actitud de EU, remata, es “una desgracia para México. Es una vergüenza…”

Aquí no se le juzgaría solo con la versión gringa, sino también con la propia

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