Un mexicano, en la nueva trama de corrupción del rey Juan Carlos
Un coronel del Ejército del Aire y el empresario mexicano Allen Sanginés Krause, bajo la lupa
Allen de Jesús Sanginés Krause, millonario con un doctorado en Harvard, el implicado en evasión y lavado.
Un aviso del Servicio Ejecutivo de la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) a la Fiscalía Anticorrupción sobre los movimientos sospechosos de dinero de un teniente coronel del Ejército del Aire es el origen de la segunda investigación abierta al Rey Juan Carlos I por parte de la Fiscalía en el último año y medio. Según informan fuentes de la investigación a EL MUNDO, en las diligencias 12/2019 incoadas por Anticorrupción, ahora remitidas por orden de la fiscal general del Estado a la Fiscalía del Tribunal Supremo, se investiga al Monarca emérito, al teniente coronel Nicolás Murga y al empresario mexicano Allen Sanginés Krause que inyectaba fondos en las cuentas bancarias sobre las que ha puesto la lupa el Ministerio Público. Uno de los elementos que ha confirmado la vinculación de Don Juan Carlos con estas operaciones radica en que las facturas abonadas por el coronel, correspondientes a «gastos cuantiosos y variopintos», se remitían directamente al Palacio de La Zarzuela.
Las pesquisas se centran en los gastos del ex jefe del Estado que habrían sido presuntamente sufragados y blanqueados con la ayuda del multimillonario mexicano y del al tomando del Ejército de confianza de Juan Carlos I. La importancia de estas diligencias –aún en un estado preprocesal– radica en que, a diferencia de las abiertas por las su puestas comisiones del AVE a La Me ca, son por hechos posterior esa la abdicación del E mérito. Es decir, esta nueva investigación se centra en actividades presuntamente ilícitas desplegadas por quien fuera Jefe del Estado cuando ya no gozaba del manto de la inviolabilidad, que ha sido precisamente el principal escollo hallado por el Ministerio Público para poder perseguir penalmente a Juan Carlos de Borbón en la primera de las investigaciones abiertas.
En estas nuevas diligencias de Fiscalía, que nacieron en abril del 2019 y permanecen bajo secreto, no se investiga a la Reina Sofía ni a los actuales Reyes, Felipe VI y Doña Letizia, según precisan fuentes fiscales que circunscriben las pesquisas a la figura del Emérito y a varias personas de su entorno de confianza. No obstante, la investigación ha puesto de relieve una consolidada operativa de supuesto lavado de fondos que conducía al Palacio de la Zarzuela.
El indicio quizás más evidente es que varios de los gastos del Rey, pagados a través del teniente coronel, algunos mediante el uso de tarjetas bancarias, es que eran facturados a la dirección de la propia Zarzuela. Asimismo, fuentes del caso informan de que el instructor de las pesquisas hasta ahora, el fiscal Anticorrupción Luis Pastor, tomó declaración tanto el alto mando del Instituto Armado como al empresario mexicano, habiendo negado ambos los hechos delictivos que se le atribuyen.
Por su parte, la fiscal General del Estado, Dolores Delgado, dictó ayer un decreto según el cual la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada deberá remitir «con efectos inmediatos» a la Fiscalía del Supremo estas di
ligencias de investigación abiertas sobre el E mérito. Es la segunda vez en los últimos meses que la fiscal general decide arrebatar a Anticorrupción unas pesquisas sobre la presunta fortuna oculta del ex jefe del Estado y dejarlas en manos del fiscal de Sala Juan Ignacio Campos, especializado en delitos económicos. Ya ocurrió en junio con las diligencias abiertas sobre las presuntas comisiones del AVE a La Meca que van camino de ser archivadas por la Fiscalía, debido aquel os hechos investiga dos abarcan el periodo en el que el Rey Juan Carlos I era inimputable.
La razón aparente tras la decisión de Delgado es que al estar el E mérito aforado ante la Sala Segunda del Supremo el órgano competente para investigar lo es la Fiscalía del Alto Tribunal. Sin embargo, el motivo de fondo que subyace es el malestar de la fiscal general con lo que considera filtraciones continuas de información sensible cuyo origen estaría en el departamentoque dirige Alejandro Luzón. La orden de Delgado para remitir de forma urgente las pesquisas a la Fiscalía del Supremo pilló por sorpresa en Anticorrupción.