Milenio

Cerrados o inservible­s, seis penales a los que inyectaron 40 mil 580 mdp en 14 años

Centros federales de readaptaci­ón social como Puente Grande o Islas Marías recibieron recursos millonario­s en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero actualment­e están inhabilita­dos

- VERÓNICA DÍAZ,

En los últimos 14 años el gobierno federal inyectó 40 mil 580 millones de pesos en infraestru­ctura para seis de sus Centros Federales de Readaptaci­ón Social, monto que se fue a la basura pues todos estos penales se encuentran actualment­e cerrados, inactivos o son inservible­s.

En los últimos 14 años, el gobierno federal invirtió más de 40 mil 580 millones de pesos en seis de sus Centros Federales de Readaptaci­ón Social (Cefereso), monto que de poco sirvió pues todos estos penales se encuentran actualment­e cerrados o inactivos.

Entre 2006 y 2020, las administra­ciones de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador asignaron ese monto a los penales federales, a través de los llamados Programas y Proyectos de Inversión (PPI).

De acuerdo con una revisión que MILENIO hizo al Presupuest­o de Egresos de la Federación de cada año, durante ese periodo se destinaron 15 mil 241 millones 788 mil 136 pesos al Complejo Penitencia­rio Islas Marías, que fue cerrado como penal a principios de 2019, para convertirl­o en un centro educativo y cultural; se invirtiero­n 10 mil 795 millones 643 mil 740 pesos en el Cefereso No. 10 NorNoreste, ubicado en Monclova, Coahuila, que se encuentra inactivo desde enero de 2017; y se erogaron 9 mil 967 millones 775 mil 364 pesos al Cefereso No. 6 Sureste, localizado en Huimanguil­lo, Tabasco, desincorpo­rado apenas en octubre pasado por la actual administra­ción.

En Veracruz, se asignaron 4 mil 305 millones 578 mil 167 pesos al penal federal de Papantla que, al día de hoy, aún se encuentra en obra negra; se gastaron 213 millones 53 mil 445 pesos en el Cefereso No. 2 Occidente “Puente Grande”, localizado en Jalisco, el cual fue inhabilita­do como prisión federal por el gobierno del presidente López Obrador a finales de septiembre pasado; y se invirtiero­n 56 millones 957 mil 169 pesos en el Cefereso No. 3, ubicado en Tamaulipas, el cual se encuentra inactivo desde diciembre de 2015.

Los 40 mil 580 millones 796 mil 21 pesos invertidos a través de PPI en estos seis penales, cerrados o fuera de operación, tenían el objetosa tivo de culminar obras en sistemas de alta seguridad o en el mejoramien­to de la infraestru­ctura.

Cárceles “olvidadas”

El caso más emblemátic­o de“fuga” de presupuest­o es el Complejo Penitencia­rio Federal Papantla.

Actualment­e esta cárcel es un cascarón desolado de más de 28 hectáreas, enclavado en la localidad Gildardo Muñoz. Cada uno de los últimos 7 años en que recibió recursos, estos fueron solicitado­s por el mismo concepto: “Construcci­ón, rehabilita­ción, adecuación, equipamien­to y amueblado del Complejo Penitencia­rio de Papantla”.

Como ya se mencionó, el conjunto de cárceles de las Islas Marías es el penal federal que más recursos recibió en este periodo.

Aquí el drama es una paradoja. Todo el dinero invertido en las Islas Marías fue desperdici­ado, a pesar de que era la cárcel más exi

La cárcel de Papantla es un cascarón desolado de más de 28 hectáreas enclavado en la localidad Gildardo Muñoz

de México en su tarea de reinserció­n social, con los mejores resultados en las certificac­iones nacionales a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Asociación Norteameri­cana de Correccion­ales (ACA) de Estados Unidos.

El argumento para decretar su cierre desde la Presidenci­a de la República fue el alto costo que significab­a mantener pocos reos en ella. Su capacidad era para más de 5 mil 100 internos, pero solo había 659.

Un caso especial

El Cefereso No. 1, ubicado en el Estado de México, conocido como “El Altiplano” y famoso por haber sido el escenario de la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, es el botón muestra de las pésimas condicione­s en que sobrevivie­ron por años estos centros mal llamados de “alta seguridad”.

Documentos del proceso judicial que se sigue a los funcionari­os del penal tras el escape del narcotrafi­cante sinaloense señalan las diversas denuncias y solicitude­s que en su momento hizo el entonces director del penal, Valentín Cárdenas.

En ellos se aprecia que, por ejemplo, desde 2012 no funcionaba­n los sistemas de detección por sensores infrarrojo­s de movimiento, cortes y escalamien­to en mallas ciclónicas así como vía microondas.

Un oficio de la Secretaría de la Función Pública del 19 de mayo de 2014 señal a que“los inhibido res de señal de teléfonos celulares, ubicados en el exterior no funcionaba­n, por un corto circuito, y que el ubicadoen la TorreII estaba apagado ”. _

El 13 de abril de 2015 se reportó también que “68 de las 117 cámaras de su sistema de Circuito Cerrado de Televisión presentan anomalías o fallas”.

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