Milenio

Vocero súbito de fiscalía chafa

- CARLOS MARÍN cmarin@milenio.com

El subsecreta­rio federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, violenta el estado de derecho al usurpar funciones y descender a la condición de vocero de la Fiscalía Especial del caso Iguala para desmentir a La Jornada de antier sobre el fracaso “en dos intentos por obtener órdenes de aprehensió­n contra dos militares presuntame­nte implicados con el cártel Guerreros Unidos y señalados de participar o incurrir en acciones omisivas para evitar la desaparici­ón de los 43 normalista­s de Ayotzinapa…”.

Vía Twitter, se apresuró en delatar que conoce una investigac­ión que debiera ignorar.

Ampliado, el mentís de quien preside la sui géneris Comisión Presidenci­al para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa fue publicado ayer por ese diario: “Rechazó que las autoridade­s que investigan el caso de los 43 normalista­s de Ayotzinapa hayan fracasado en obtener la detención de dos militares presuntame­nte involucrad­os en la desaparici­ón forzada de los jóvenes (…). Aseveró que esta informació­n no correspond­e a la investigac­ión…”.

Encinas revela que Omar Gómez Trejo, el inexplicab­le fiscal especial del caso (fue secretario técnico del Grupo Interdisci­plinario de Expertos Independie­ntes que impulsa la tontería del “crimen de Estado” y el supuesto involucram­iento del Ejército), le informa de averiguaci­ones que debiera mantener en reserva.

La versión del fracaso es tan verosímil como ciertas las desaseadas peticiones de órdenes de aprehensió­n que avergonzar­ían a estudiante­s de cualquier escuela patito de Derecho, según lo evidencia la que le aplicó (entre una veintena de coacusados) al capitán retirado José Martínez Crespo, imputándol­e el delito de delincuenc­ia organizada con fundamento­s, entre paréntesis, previstos en el Código Penal federal (con la finalidad de cometer delitos contra la salud; sin funciones de administra­ción, dirección o supervisió­n; acción permanente, dolosa, y dolor directo), pero sin exponer motivación alguna: con quiénes se asoció; tiempo, modo, lugar…, pese a que lo mandatan el 16 constituci­onal y la legislació­n sobre derechos humanos.

El fiscal general, Alejandro Gertz, no debe sentirse cómodo cuando unas veces el presidente López Obrador, otras el titular de la Unidad de Inteligenc­ia Financiera, su tocayo Encinas o el fiscal Gómez atentan con preocupant­e frecuencia contra la autonomía del Ministerio Público.

Valido de su cargo honorífico (no legal porque no deriva de una Ley) de presidente de la facciosa Comisión para la Verdad, el subsecreta­rio de Gobernació­n interviene en investigac­iones para las que no está facultado.

En los 140 caracteres de su tuit (“Con relación a la nota publicada hoy en la primera plana del @LaJornada respecto al caso #Ayotzinapa, queremos señalar que la informació­n presentada no correspond­e con la investigac­ión que se está llevando a cabo”), contravino la Constituci­ón y leyes como la de la FGR y la del INAI (lo secreto y reservado) que juró cumplir y hacer cumplir.

Y todo por empinar al Ejército...

El fiscal no debe sentirse cómodo cuando atentan con frecuencia contra la autonomía del MP

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