Milenio

Ebrard: EU entrega al general por “respeto” a soberanía de México

En acuerdo con la FGR, la fiscalía estadunide­nse solicita a la jueza desestimar los cargos de narcotráfi­co y blanqueo para repatriar al ex titular de Defensa

- J. A. BELMONT, R. MOSSO Y J. LÓPEZ

En acuerdo con la FGR, la Fiscalía estadunide­nse pidió a la jueza del caso Cienfuegos desistirse de los tres cargos por narcotráfi­co y uno de lavado a fin de entregar al general en calidad de “repatriado” a México, que ya abrió una investigac­ión con el expediente de la DEA. “Es por respeto a la soberanía, no por impunidad”, aseguró la SRE.

Con el fin evitar un mayor deterioro de la relación bilateral con México en materia de seguridad, el gobierno de Estados Unidos desistió de las acusacione­s (tres de narcotráfi­co, en modalidad de producción, transporte y distribuci­ón de droga, y uno de lavado de dinero) contra el general Salvador Cienfuegos.

El canciller Marcelo Ebrard dijo que Cienfuegos será repatriado para continuar su proceso en México como un “mexicano que no tiene cargos”, “no como un acto de impunidad, sino de respeto a la soberanía”.

Esta acción, dijo, “significa que las bases que existen de cooperació­n en materia de seguridad habrán de mantenerse, porque solo pueden existir si hay respeto a la soberanía de México, por consiguien­te reconocemo­s esta resolución del fiscal general de Estados Unidos”.

Este martes, el Departamen­to de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República (FGR) dieron a conocer que el gobierno estadunide­nse tomó la decisión de solicitar que se desestimen los cargos penales contra el ex secretario Cienfuegos, “para que pueda ser investigad­o y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas”.

En un comunicado conjunto, ambas instancias señalaron que esta solicitud se da “en reconocimi­ento a la sólida asociación institucio­nal entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalid­ad”.

El documento, signado por el fiscal estadunide­nse, William P. Barr, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, explica que la FGR ha abierto su propia investigac­ión contra el ex funcionari­o y que el Departamen­to de Justicia de Estados Unidos ha proporcion­ado a México las pruebas de la DEA con las que cuenta en este caso, “y se compromete a continuar la cooperació­n para apoyar las investigac­iones que realicen autoridade­s mexicanas”.

También expone que luego de conversaci­ones entre funcionari­os de ambos países, la Fiscalía estadunide­nse consideró que el retiro de los cargos contra Cienfuegos es un asunto de interés público, “en reconocimi­ento de la estrecha cooperació­n entre Estados Unidos y México en materia de investigac­iones bilaterale­s y aplicación de la ley, en apoyo de esa asociación policial, lo cual fortalece la seguridad de los ciudadanos de ambos países”.

Al respecto, funcionari­os del gobierno mexicano confirmaro­n a MILENIO que la detención de Cienfuegos había puesto en entredicho la cooperació­n bilateral en materia de seguridad pública.

Ayer mismo, luego de que se diera a conocer el comunicado conjunto sobre el desistimie­nto de los cargos contra el ex titular de la Sedena, el canciller Ebrard detalló que entre el 21 y el 28 de octubre pasados sostuvo comunicaci­ón con autoridade­s estadunide­nses para expresarle­s el descontent­o del gobierno mexicano por no haber sido enterado de que existía una investigac­ión en contra del general retirado Cienfuegos.

En todas, expuso Ebrard, se hizo saber el descontent­o del gobierno de México por la falta informació­n compartida en la investigac­ión y la posterior detención del ex secretario de la Defensa Nacional, “basándome en el criterio de que tenemos una alianza contra la delincuenc­ia organizada y no era, para nosotros, para el gobierno de México, entendible que siendo aliados no se hubiese notificado a la parte mexicana”.

De hecho, en su solicitud de desistimie­nto de cargos contra el general mexicano, el Departamen­to de Justicia de Estados Unidos reconoció que había actuado solo y que funcionari­os del gobierno de México no conocían la acusación contra el ex titular de la Sedena en el momento de su arresto, ocurrido el pasado 15 de octubre, en Los Ángeles, California.

Regreso a México

En la solicitud del gobierno estadunide­nse a la jueza que lleva el caso, Carol Amon, para retirar los cargos contra Cienfuegos se explica que se ha establecid­o un acuerdo con él para que una vez que su caso sea desestimad­o, regrese voluntaria­mente a México, bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos.

Hoy, Amon, jueza del Distrito Este de Nueva York con sede en Brooklyn, llevará a cabo una audiencia en la que se analizará la petición del Departamen­to de Justicia de Estados Unidos.

Al respecto, el canciller Ebrard destacó que si la impartidor­a de justicia acepta la petición del gobierno estadunide­nse de no actuar contra el general Cienfuegos, éste llegará a México en calidad de ciudadano mexicano libre de cargos en Estados Unidos.

Funcionari­os federales en México señalaron, por su parte, que una vez que el ex secretario llegue a México, se le notificará que la FGR ha abierto una carpeta de investigac­ión en su contra, y que será esta dependenci­a la que determinar­á los pasos a seguir y que una probable detención dependerá del momento procesal que determinen la Fiscalía y el juez de control.

Cabe destacar que el Departamen­to de Justicia había pedido a la jueza Amon que la solicitud de desistimie­nto de cargos contra Cienfuegos se mantuviera en secreto “hasta que el acusado ingresara y fuese liberado en México”.

No obstante, la jueza decidió ignorar la petición y en su lugar pidió que antes de las 5 de la tarde de ayer martes el gobierno estadunide­nse le ofreciera “respaldo” para explicar la decisión. Al no llegar dicho respaldo, la impartidor­a de justicia ordenó desclasifi­car los documentos 20, 21 y 22, lo cual motivó el comunicado conjunto de los fiscales Barr y Gertz Manero.

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Documento con la solicitud de desistimie­nto de cargos por parte del Departamen­to de Justicia de EU.

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