“El escrutinio asumido como canon del ataque personal”

Los usos de la impunidad se aprovechan de una cultura que desatiende los costos políticos y no ve al escrutinio como herramienta democrática. Los costos con los que una sociedad cobra las acciones inadecuadas de sus gobiernos. El pago de la exigencia, no solo el grito de la exigencia. La impunidad jurídica mexicana no nace con la absoluta ineficiencia de nuestros instrumentos de justicia, usufructúa la complacencia. El escrutinio, malentendido como escarnio, es asumido en el canon de la agresión personal y rara vez como el análisis exhaustivo o la duda sobre el sujeto menos personal: el político.

La responsabilidad no existe en el gobernante que cree conducir los halos del determinismo. Es Palacio y fueron los Pinos, sí, pero hoy los alcances de Palacio dependen de la tolerancia pública y adecuación mediática a nuestros vicios.

No existe costo político por el incremento de quejas en las solicitudes de transparencia o por el desaseo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No se ha asomado ninguna responsabilidad política por la letalidad de las fuerzas armadas o por los mil seiscientos niños que fallecieron a falta de tratamientos oncológicos. Si ni la muerte de los menores con cáncer o los más de ciento ochenta mil muertos oficiales por la pandemia han tenido un responsable político, por qué habría de tener costos la insistencia en postular un candidato sobre quien abundan acusaciones de abuso sexual. La candidatura podrá culminar o no. Si se admite la contienda electoral como única vía para cobrar la indiferencia, desperdiciaremos el peso de lo público. Paradójicamente, no estaremos entendiendo nada de democracia al simplificarla en una urna que desatiende el balance constante.

En el escrutinio los medios se disocian del periodismo o el análisis profesional. No es lo mismo primera plana y la insistencia periodística en aspectos que ameriten lo exhaustivo, que columna en interiores. Tampoco la mención dispuesta a dibujar un equilibrio efímero. Si los medios no son incesantes en llamar la atención sobre los aspectos negativos de la realidad, éstos difícilmente derivarán en responsabilidad política. La responsabilidad política desaparece cuando lo hace la social.

No hay costo político por el incremento de quejas en las solicitudes de transparencia