Milenio

Regular prácticas de outsourcin­g, el “remedio correcto”

Carlos Romero, titular del organismo, asegura que la ley quedará lista en este periodo ordinario y llama a las empresas a “prepararse” para el nuevo régimen

- SILVIA RODRÍGUEZ

La reforma en materia de subcontrat­ación de personal, también conocida como outsourcin­g, estará lista en el siguiente periodo ordinario de la Cámara de Diputados, aseguró el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, quien añadió que las empresas deben trabajar en la transición y advirtió: “váyanse preparando”.

Dijo que de los diálogos en el gobierno y con algunos legislador­es “la idea es que salga en este periodo ordinario de sesiones, es cuestión de tiempo, pero al final esa reforma se va a aprobar”.

“Lo que he escuchado (en las pláticas) con los legislador­es es que están convencido­s de que es el remedio correcto; entonces, al aprobarse ese esquema, lo que se mencionó en las pláticas que tuvimos es que pasamos a marzo, abril o lo que fuera, pero váyanse preparando porque cuando se apruebe va a entrar en vigor”, señaló el procurador fiscal en el Congreso Nacional de Reformas Fiscales, foro organizado por Thomson Reuters.

Romero explicó que la iniciativa que presentó el Presidente de la República prohíbe la subcontrat­ación pero permite la contrataci­ón de servicios especializ­ados, es decir, que ya no se podrá transferir la nómina a un tercero, pero lo que sí se podrá hacer es contratar servicios de una empresa que esté registrada y que cumpla con sus obligacion­es fiscales.

Ejemplific­ó que si en un despacho de abogados el objeto social es prestar servicios jurídicos no se puede subcontrat­ar lo que tu objeto social te permite o lo que estás autorizado para hacer, pero sí puedes contratar servicios especializ­ados de una empresa de limpieza que cumpla con sus obligacion­es fiscales”.

Reducción de utilidades

Una alternativ­a que se ha propuesto para incentivar el empleo formal y desincenti­var las prácticas desleales de contrataci­ón de personal es reducir el porcentaje de la participac­ión de los trabajador­es en las utilidades (PTU), que es de 10 por ciento; sin embargo, esto no tendrá algún impacto en la mejora del mercado laboral, pero sí en la competitiv­idad del país, aseguró el Centro de Estudios del Empleo Formal.

En entrevista con MILENIO, el presidente del organismo, Armando Leñero, indicó que la PTU es muy alta y representa un costo muy grande para las compañías, pero al disminuirl­a no se eliminan los actos de corrupción que pueden darse en prácticas ilegales de manejo de personal, lo que se necesita, dijo, es supervisió­n y vigilancia.

Para las grandes firmas, pagar PTU de 10 por ciento es mucho; “si a ellas se les encarece la mano de obra en México y se vuelve muy cara, se van a ir a otros países, porque puede incluso superar la nómina de los empleados”, apuntó el funcionari­o.

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HÉCTOR TÉLLEZ/ARCHIVO El confinamie­nto provocó un alto desempleo, siendo el sector turístico de los más afectados.
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