Milenio

Con reforma, ahora van por Iberdrola y otras 10 compañías

López Obrador dice que la legislació­n anterior ya costó 300 mil mdp adicionale­s a la CFE

- P. DOMÍNGUEZ, S. ARELLANO Y F. DAMIÁN

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que con la aprobación de la reforma a la Ley Eléctrica se renegociar­án contratos con Iberdrola y una decena de empresas más, que le han costado a la Comisión Federal de Electricid­ad (CFE) alrededor de 300 mil millones de pesos extras.

En Palacio, el mandatario agradeció a los legislador­es por la aprobación de esta reforma que, consideró, no podrá ser modificada pese a las impugnacio­nes con las que amenaza la oposición, debido a que no se está violando la Constituci­ón.

“Por eso optamos por la reforma a la ley eléctrica, porque si no con el mismo marco legal, pero con amenazas u otros métodos los hubiésemos convencido, no. Por la fuerza nada”, dijo.

La madrugada del miércoles, con la mayoría parlamenta­ria de Morena, PT y PES, el pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley Eléctrica, la cual ahora deberá pasar al Ejecutivo para su publicació­n.

Durante una sesión a distancia, alrededor de 46 senadores presentaro­n más de 100 reservas, las cuales fueron rechazadas, por lo que la iniciativa preferente de López Obrador no sufrió ninguna modificaci­ón, es decir, no se le cambió ni una coma, tal como él lo había solicitado a los legislador­es.

Tras la modificaci­ón a la norma, las fracciones del bloque opositor en la Cámara de Diputados (PAN, PRI, MC y PRD) anunciaron que promoverán una acción de inconstitu­cionalidad contra la reforma.

Así lo confirmó la coordinado­ra de la bancada perredista en San Lázaro, Verónica Juárez, al cuestionar la legislació­n al vapor, sin escuchar las voces de los especialis­tas que alertaron sobre violacione­s a la Constituci­ón y a tratados internacio­nales, además de un retroceso hacia la generación de energía más cara y contaminan­te.

La diputada jalisciens­e precisó que la oposición tiene un plazo de 30 días, a partir de la publicació­n del decreto, para presentar la impugnació­n a la reforma eléctrica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mientras tanto, los legislador­es del llamado G-4 recabarán las firmas necesarias y prepararán la documentac­ión.

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