Ricardo Raphael
¿Dónde quedó la carpeta de la Casa Blanca?
La casa blanca de Enrique Peña Nieto es un tema que no se resigna a salir del reflector y el escándalo público. No importa cuánto esfuerzo se invierta en enterrarlo, vuelve a resurgir como personaje desgarbado de una película de terror.
En diciembre de 2018, la última secretaria de la Función Pública del gabinete anterior, Arely Gómez González, firmó el acta de entrega y recepción que incluía un listado muy largo de expedientes previamente bajo su responsabilidad.
Entre esos documentos debía estar el documento original de la investigación realizada por su antecesor, Virgilio Andrade Martínez, a propósito de la denuncia de conflicto de interés que relacionaba al presidente Peña Nieto con la constructora Higa.
Sin embargo, cuando la directora general de Denuncias e Investigaciones, Laura Sámano —perteneciente a la administración de Andrés Manuel López Obrador—, solicitó ver el expediente referido, topó con que el documento original se hallaba extraviado. Por increíble que parezca, antes de cerrar la puerta los funcionarios peñanietistas hicieron perdidizos los folios del caso de corrupción que mayor escándalo provocó durante aquella administración.
Todos los documentos, pruebas, testimonios, alegatos, imágenes o registros, presuntamente incluidos en ese expediente explosivo —sobre el cual el ex secretario Virgilio Andrade emitió el informe con el que exoneró a Peña Nieto— fueron sustraídos del archivo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) antes de que Irma Eréndira Sandoval, actual secretaria, tomara posesión.
Hay constancia de que alguna vez existió ese expediente, porque la misma directora, La uraSáma no, después de mucho buscar logró dar con una copia del legajo en otro sitio. Sin embargo, jamás aparecieron los documentos originales.
En septiembre de 2019, la SFP acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR), concretamente ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos Borja, para denunciar el robo de esta documentación pública, tan sensible políticamente.
Nadie antes había dado aviso del hurto. No hay registro de que este hecho hubiese sido consignado previamente ante el órgano interno de control de la Función
Pública, y tampoco ante la anterior Procuraduría General.
Esto querría decir que el presunto robo del documento no sucedió durante la gestión de Virgilio Andrade. De haber sido así, su sucesora, Arely Gómez, habría tenido que proceder contra los funcionarios anteriores, de manera similar a como lo hizo Irma Eréndira Sandoval en septiembre de 2019.
Tanto la investigación interna de la SFP como la celebrada por la Fiscalía Especial Anticorrupción de la FGR encontraron como presuntos responsables del robo de este expediente original a tres funcionarios:
El subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, José Gabriel Carreño Camacho; el director general de Denuncias e Investigaciones, Jesús Antonio Suárez Hernández, y Daniel Pérez
Rueda, director general adjunto. Todos ellos se desempeñaron en sus cargos durante los dos últimos años de la administración de Enrique Peña Nieto bajo las órdenes de Arely Gómez.
La biografía del antiguo subsecretario habla de los nexos de lealtad que lo unen al equipo político del ex mandatario. José Gabriel Carreño Camacho trabajó para el gobernador Peña Nieto dentro de la Contraloría de gobierno de Estado de México; posteriormente fue director de investigaciones en la Procuraduría Fiscal de la Federación, puesto que dejó para hacerse cargo de la Dirección General Adjunta de Responsabilidades de la SFP, justo cuando el ex secretario Virgilio Andrade exoneró a Peña Nieto de haber incurrido en conflicto de interés con el tema de la casa blanca.
Durante el último año del sexenio anterior ocupó el cargo de subsecretario y, desde ahí, se habría encargado de recoger la última pieza del tiradero de la casa blanca, desapareciendo el expediente que contenía los documentos originales de la investigación. A partir de 2019, Carreño Camacho regresó a la administración pública del gobierno de Estado de México. Actualmente es subsecretario de Control y Evaluación de la Contraloría estatal en la administración de Alfredo del Mazo.
El pasado martes 9 de marzo, Carreño Camacho, Suárez Hernández y Pérez Rueda fueron formalmente vinculados a proceso penal por el robo del expediente relativo a la casa blanca de Peña Nieto.
En breve, los tres tendrán que rendir cuentas ante la autoridad judicial. No será fácil que se libren del delito imputado: ejercicio ilícito del servicio público. La pena implicada según la legislación vigente sería prisión de dos a siete años, una multa pecuniaria y quedar inhabilitado para ocupar un cargo público.
Cabe prever que alguno de los imputados quiera recurrir al criterio de oportunidad, ahora tan de moda, para reducir la sentencia a cambio de denunciar a los superiores que habrían ordenado la sustracción del expediente.
En cualquier caso, lo fundamental sería recuperar el documento original porque si alguien se tomó la libertad de llevárselo a su casa, es porque debe contar con razones poderosas que aún se desconocen.
¿Qué más sobre la casa blanca de Peña Nieto habremos de enterarnos esta vez?