“Detener la destrucción de la Lacandona, una tarea urgente”
La protección efectiva de nuestras 182 áreas naturales es urgente para prevenir el cambio climático. La acción más urgente y significativa es detener la destrucción de la Selva Lacandona (SL), único pulmón de selva alta perennifolia que apenas sobrevive en México. Originalmente comprendiendo alrededor de 1.5 millones de hectáreas, la SL incluye una reserva de la biosfera (montes Azules, RBMA, perteneciente a la Red Mundial de Reservas de la Unesco), cuatro áreas naturales “protegidas” (Bonampak, Yaxchilán, Chan Kin y Lacantum) y la reserva comunal La Cojolita.
De esa superficie, producto de la desforestación acelerada por explotación forestal y actividades de agricultura y ganadería, quedan si acaso 400 mil hectáreas en su estado original, de las cuales la RBMA ocupa la mayoría (331 mil hectáreas) donde se concentra más de 20 por ciento de nuestra biodiversidad.
Toda esta área “protegida” está ya penetrada por asentamientos humanos irregulares y cercada por una amenaza de su extinción definitiva por dos grupos étnicos predominantes en número que claman por su repartición: los choles y tzeltales, cuyas formas económicas se manifiestan a través de actividades agrícolas y ganaderas expansivas, en contraposición con los lacandones, cuya jurisdicción interna ocupa la mayoría de la RBMA, ocupados económicamente en actividades conservacionistas principalmente de turismo ecológico. En número, los lacandones significan apenas 6 por ciento.
El complejo tejido de tenencia de la tierra aunado a conflictos agrarios sin resolver producto de capas sucesivas de decretos se yergue como un formidable obstáculo para una resolución armoniosa que privilegie la conservación. Es urgente e indispensable una acción gubernamental que resuelva en pro de la humanidad la conservación de este patrimonio universal, estableciendo, estimulando y vigilando reglas estrictas de coexistencia de las comunidades en armonía con este patrimonio. A todas las comunidades se les debe ratificar el custodio patrimonial natural de la superficie que actualmente ocupan pagándoles, por ello, con recursos compensatorios internacionales y donde el sector privado financie actividades productivas rentables conservacionistas.
Quedan si acaso 400 mil hectáreas en su estado original