Una batalla decisiva
El Estado de derecho no goza de buena reputación en México. No son pocas las veces en que los gobernantes violan las leyes y la cultura de la legalidad no es muy apreciada por una gran parte de la ciudadanía. Por ello, México es un país en que el cumplimiento parejo y generalizado de las leyes deja mucho que desear. Así como en las últimas décadas del siglo pasado el reclamo social más amplio era la democracia, ahora, para terminar con la impunidad (y de paso reducir la violencia e inseguridad), con la corrupción, con las injusticias en las cárceles, con la depredación económica que llevan a cabo los oligopolios y con muchos otros males, será indispensable darle vigencia plena al Estado de derecho. Revisarlo y fortalecerlo, no destruirlo, es la gran asignatura del México del siglo XXI.
Debe quedar claro que el alegato del presidente López Obrador en contra del juez Juan Pablo Gómez Fierro, que otorgó la suspensión provisional a quienes promovieron el amparo contra la nueva Ley del Sector Eléctrico, es parte de su intentona de eliminar el Estado de derecho. No es un conflicto aislado con un juez. La carta que le envió al presidente de la SCJN pidiéndole investigar al juez porque él cree que está amafiado con una oligarquía que “bajo la excusa del Estado de Derecho” ha causado un enorme daño al país, es indefendible porque pretende socavar la autonomía del Poder Judicial, uno de los pilares del Estado de derecho.
AMLO no acusa al juez por su proceder jurídico (no tiene elementos porque actuó apegado a derecho) sino de participar en una conspiración contra el país que, según él, es la causa de todos nuestros males. Y como esos enemigos utilizaron como excusa el “Estado de derecho” para destruir a México, entonces hay que deshacerse de ese marco jurídico, de sus creadores y defensores. Por tanto, lo conducente es hacer leyes a modo (aunque sean inconstitucionales como la nueva del sector eléctrico) y someter a los jueces al designio presidencial, de manera que la única ley válida sean su voluntad y su proyecto.
Las imperfecciones de nuestro Estado de derecho son muchas y graves: obsolescencia de leyes; escasez e impreparación de policías y ministerios públicos; corrupción de autoridades y de algunos jueces; funcionarios que actúan por encima de la ley; ciudadanos que evaden su cumplimiento y corrompen a las autoridades para evadir sanciones; rezago judicial impresionante; cárceles con miles de detenidos sin sentencia por años, etc. Sin embargo, todos esos males serían poca cosa comparados con los que se generarían por la inexistencia de jueces y magistrados autónomos, pues la voluntad presidencial se convertiría en la norma única del país.
Ello equivaldría a someter a toda la sociedad a la arbitrariedad de un hombre y sus obsesiones. La libertad y el patrimonio de todos los ciudadanos estarían a su merced; no habría certeza para ninguna empresa sobre la confiabilidad de los contratos; las políticas y el presupuesto serían manejados discrecionalmente. En los procesos electorales el presidente y su partido podrían robarse las urnas sin consecuencias. Libertades, derechos, democracia, seguridad. Todo estaría en riesgo. El intento de someter al juez Gómez y al Poder Judicial puede acabar allá. Lo que está en juego es mucho más que la ley eléctrica, es el imperio de las leyes y de un poder autónomo que las haga valer. Así de simple, así de grave.
La voluntad presidencial se convertiría en la norma única del país