POLÍTICA ZOOM
Poco suele importar a los juzgadores que los testimonios sean contradictorios, la evidencia no coincida o que haya pruebas de descargo; quienes se han prestado a este juego retiraron impunemente ventajas políticas y económicas inmorales
Aquí surge el siguiente contingente de cómplices de la fabricación: las y los reporteros, articulistas, editores y dueños de medios que, con tal de vender una nota escandalosa, poco les importa que su contenido sea falso. Son las voces de siempre a quienes encanta el discurso que opone los derechos de las víctimas contra los derechos de los victimarios.
En una democracia no debieran ser los medios quienes definen quién es victimario, sino las instancias dedicadas a la procuración y la administración de justicia. Y, sin embargo, tal como hizo Ciro Gómez Leyva en su noticiero nocturno del miércoles 7 de abril, estos colegas engolan la voz al afirmar, por ejemplo, que Israel Vallarta es un secuestrador —sin que haya sentencia firme en su contra— o que Florence Cassez fue su cómplice, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la liberó porque la autoridad responsable de conducir el proceso corrompió las pruebas y los testimonios que de otra manera hubieran servido para juzgar.
A Gómez Leyva, como a tantos otros comunicadores, les tiene sin cuidado colocar las palabras “supuesto” o “presunto” antes de acusar a alguien de secuestrador o de asesino. Peor aún, roban el mazo del juez y sentencian con frivolidad —sin haber investigado los expedientes —, aunque con ello inhiban la acción de la justicia.
El último engranaje de esta maquinariainfernalestáconformado por voces que lograron notoriedad desde la sociedad civil porque los gobernantes en turno intercambiaron favores inmorales. Destaca en la lista Isabel Miranda Torres, la ciudadana más ilustre de las últimas administraciones, quien se prestó una y otra vez para legitimar la demagogia punitiva.
El récord de asuntos cuestionables en los que ella ha intervenido es difícil de superar: desde luego está su propio caso fabricado —el supuesto secuestro de Hugo Alberto León Miranda— y se suman, por mencionar solo algunos, los de Cassez-Vallarta, Martín del Campo, Fernando Martí, Nestora Salgado o Ayotzinapa.
Quienes se han prestado a este juego retiraron impunemente ventajas políticas y económicas inmorales.
El padrón de culpables fabricados por la Seido (antes Siedo) indigna tanto como sorprende: mujeres y hombres que han padecido lo indecible por el crimen organizado a partir de las instituciones del Estado mexicano, los medios y la sociedad civil.