Nuestra destructiva cultura de la ilegalidad

Estamos viviendo una situación realmente esperpéntica

La diferencia entre los países que gozan de mayor bienestar y aquellos que no logran desarrollarse estriba en un factor importantísimo: el Estado de derecho. Es decir, el pleno cumplimiento de las leyes y la correspondiente existencia de un aparato público que garantice justicia para todos. Eso es precisamente lo que no tenemos aquí. No hablemos ya de las escalofriantes cifras de la impunidad —de esa abrumadora cantidad de asesinatos que no son aclarados ni castigados, de las violaciones que sobrellevan las mujeres sin que sus abusadores pisen ni remotamente la cárcel (tenemos, ahora mismo, el caso —emblemático en este sentido— de un candidato a ocupar ni más ni menos que el cargo de gobernador de una entidad federativa al que los simples testimonios de sus víctimas debieran de apartar fulminantemente de la contienda) y de tantísimos crímenes que no merecen la menor sanción— ni de la aterradora realidad de la delincuencia sino meramente de poder tener certezas jurídicas para abrir un negocio, para invertir en un proyecto y para no temer por la seguridad del patrimonio propio. Por carecer de la confianza general que garantiza un sistema sólido de justicia es que no crecemos como debiéramos, por eso mismo es que padecemos el cáncer de la corrupción y por esa razón, también, es que conllevamos los males del capitalismo salvaje, o sea, un modelo de libre mercado sin las debidas regulaciones y los necesarios acotamientos. El negocio otorgado en concesión exclusiva por un politicastro a sus amiguetes o el monopolio consentido por el régimen de turno a sus empresarios favoritos son hechos que despiertan el rencor hacia los emprendedores en su conjunto, pero la economía de mercado no es depredadora por naturaleza sino un sistema que funciona cabalmente cuando hay reglas claras para todos. Estamos viviendo en estos días una situación verdaderamente esperpéntica en México: la mera circunstancia de que un organismo autónomo del Estado haya aplicado sanciones legales a algunos participantes en la contienda electoral ha derivado en un morrocotudo sainete. Pues, en un país regido por una mínima normalidad jurídica este suceso no merecería otra cosa que un comentario para recordarles a los competidores… que deben acatar las normas. Y sanseacabó.