Moncloa ya baja el termostato
• Precisa que la restauración y otros comercios podrán bajar el aire a 25 grados L •Ribera dice ahora que el plan será «flexible», tras días atacando al PP por sus críticas L •Sostiene que se negoció mientras convoca a las CCAA
Dos grados como prueba de «flexibilidad» y para enfriar el creciente clima de incertidumbre en las autonomías. Cuatro días después de su anuncio, el Gobierno precisó ayer que bares, restaurantes y determinados comercios podrán hacer uso del aire acondicionado finalmente «en el entorno de los 25 grados» y no de los 27 que en un principio se fijó en el Real Decreto que regula las medidas de ahorro y eficiencia para hacer frente a la crisis energética.
Fue la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien detalló que la legislación laboral, que es el marco en el que ha sido elaborado el paquete de medidas, permite rebajar la temperatura en espacios donde los trabajadores tengan «condiciones de ejercicio físico». Se refería, por ejemplo, a la restauración o los gimnasios. También a las discotecas u otros lugares donde los profesionales que allí desarrollen su labor ejerzan una actividad que comporte un esfuerzo físico incompatible con una alta temperatura.
«No se puede pedir a trabajadores que están en condiciones de ejercicio físico importante que no tengan las condiciones que el derecho laboral garantiza con respecto a los máximos y mínimos de temperatura», especificó Ribera, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. Con estas palabras se refería a la «llamada» que figura en el reciente Real Decreto que redirige al documento por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, que data de 1997.
En él se determina que «la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 grados», mientras que en los espacios «donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 grados». Dos grados menos. Hasta ayer, el Gobierno se había mostrado inflexible con la medida y había justificado en su compromiso con Bruselas la decisión.
Así, los establecimientos tendrán que justificar cuándo se adhieren a esta «flexibilidad» y no apliquen el límite de temperatura en el termostato del aire acondicionado. En cualquier caso, la rectificación agrada a los empresarios, como se expresó desde la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM). Su presidente, Miguel Garrido, no obstante, pidió a Pedro Sánchez mayor comunicación antes de redactar medidas de este calado: «No se puede legislar de forma chapucera y precipitada sin escuchar a afectados», zanjó Garrido.
La misma reclamación, una mayor escucha, llega desde prácticamente todas las administraciones regionales. Pero desde La Moncloa niegan que, como acusan partidos de todo signo, el plan se haya definido de manera unilateral y de espaldas a las autonomías. Es más, la propia Ribera aseguró ayer que sí ha existido un «diálogo previo» con las comunidades y los organismos territoriales especializados en este campo.
Concretamente, desde el Ejecutivo se aferran a diversas conferencias sectoriales, tanto de energía y como de medioambiente, para justificar no sólo que las autonomías estaban al corriente de las medidas de este primer paquete, sino que aportaron sus propuestas de cara al plan de contingencia que se está preparando para el mes de septiembre. No obstante, a última hora de ayer, Transición Ecológica convocó para el próximo martes a las autonomías para abordar las dudas que existan al respecto.
Pese al avance, la desconfianza de la oposición sigue vigente, ya que el Partido Popular, a través de la Junta de Castilla y León, presidida por Alfonso Fernández Mañueco, exigió ayer nuevamente la convocatoria de la conferencia sectorial de energía con el objetivo de que los presidentes autonómicos, así como los alcaldes de toda España, tengan voz en esta toma de decisiones.
Una exigencia que desde el Palacio de la Moncloa ven como un nuevo ataque de los populares en su dinámica de «a todo el no», como definió ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien pidió al principal partido de la oposición sentido de Estado y comprender que el paquete de medidas tiene mucho que ver con lo pactado en la Comisión Europea hace escasos días con el objetivo de reducir en un 15% el gasto energético.
Una exigencia «razonable» procedente de Europa que no se puede «obviar», lanzó el ministro al PP. Del mismo modo trató de neutralizar las acusaciones vertidas desde la Comunidad de Madrid acerca de la «inseguridad» que generará el apagado de iluminaciones en las ciudades y el impacto que tendrá sobre el turismo: «No tiene ningún sentido», despejósobre las acusaciones de seguridad Marlaska, que garantizó que los organismos públicos garantizarán las condiciones adecuadas.