Pese a Ley de Amnistía, aumenta la población indígena encarcelada
Integrantes de pueblos originarios enfrentan procesos irregulares en los penales del país; hasta el 3 de mayo pasado solo han sido beneficiadas 167 personas, de acuerdo con Gobernación
Cuando aún tenía las piernas firmes, Rafael salió a corretear a un ladrón de borregos que escapó por las veredas de San Pedro Tlanixco; 12 años después, sus pasos cansinos deambulaban por los pasillos del penal de máxima seguridad del Estado de México, donde pasó una sexta parte de su vida acusado de homicidio. Sus huaraches se arrastraban por el concreto mientras su abogado escuchaba los pormenores de su caso con el objetivo de liberarlo.
Como muchos otros reos nahuas, tarahumaras o zapotecas, este campesino que llegó a cumplir 77 años no tuvo un abogado de oficio especializado en derecho indígena ni acceso a un traductor. Y al igual que tres de cada 10 presos nativos de pueblos originarios, Rafael no tuvo la suerte de que un juez dictara sentencia.
Su defensor legal, Pedro Sánchez, también pasó por las mismas. Estuvo 16 años en la cárcel luego de un proceso irregular, hasta que la ONU exhortó a las autoridades mexicanas a que corrigieran las violaciones al debido proceso. Tras las rejas se hizo experto en derecho indígena. Ahora este nahua de 56 años es un defensor de indígenas que va por la libertad de los suyos.
Desde prisión, Rafael Martínez Hinojosa le contó que, tras ser arrestado, le dio a las autoridades los nombres de las personas con las que estuvo cuando ocurrió el crimen: “No me los tomaron en cuenta. El MP dijo ‘Tú ya estás aquí, ya te chingaste’”.
A pesar de los esfuerzos de su abogado, Rafael no logró salir de prisión con vida. Sin haber recibido la vacuna contra el covid-19, a mediados de 2021 contrajo el bicho que lo hizo regresar a su pueblo para ser velado frente al coraje y al llanto de los suyos.
Como Rafael, miles de nativos de los pueblos originarios padecen procesos legales plagados de irregularidades en los 319 penales que hay en el país, razón por la cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lanzó en 2020 la Ley de Amnistía.
El último Censo Nacional del Sistema Penitenciario (Inegi-2022) revela que la Población Indígena Privada de su Libertad pasó de 6 mil 889 en 2020, a 7 mil 55 al cierre de 2021.
La mayoría de la población carcelaria pertenece a los pueblos náhuatl (16.2 por ciento), tarahumara (9 por ciento), zapoteco (7.5 por ciento), mixteco (5.9 por ciento), otomí (5.9 por ciento), maya (5.6 por ciento) y 17 pueblos originarios más.
Los tarahumaras es el grupo con más ingresos a prisión: pasaron de 4.9 a 9 por ciento del total de indígenas encarcelados, mientras que los zapotecos bajaron de 15.4 a 7.5 por ciento. Los especialistas critican que la mayoría de los estados no hayan homologado sus leyes locales, lo que ha frenado el avance de resultados.
En 2021, el Presidente emitió un decreto para liberar a mayores de 75 años, sin delitos graves, y de más de 65 con enfermedades crónicas; exhortó a los estados para liberar a quienes les hayan violentado sus derechos y acceso a la justicia, lo cual se ha logrado en seis entidades: Edomex, Hidalgo, Durango, Sinaloa, Tlaxcala y QR.
De acuerdo con Gobernación, hasta el 3 de mayo de este año han sido beneficiadas 167 personas, de las cuales 79 están en libertad.
En junio de 2009 a Agustín Martínez le robaron cuatro borregos en Tlanixco, Edomex. Su hermano Rafael y su cuñado Brígido Perdones salieron a buscar a los animales, hallaron al presunto ladrón, a quien le dieron un machetazo que le quitó la vida.
Al otro día llegó la policía judicial. Teófila Díaz y Javier Sámano, familiares del occiso, los llevaron a casa de Agustín y de Brígido. Pidieron que se llevaran también a Rafael. Sin orden de aprehensión ni situación de flagrancia del delito se llevaron a Rafael y a Agustín. Brígido logró escapar.
Teófila y Javier no mencionaron a Rafael en el MP, pero ante el juez dijeron que él agarró a Tomás mientras otro asentaba el machetazo. Otro testigo, sobrino del occiso, dijo que Rafael nunca estuvo en el lugar, pero su dicho fue desestimado por ser menor.
Sin pruebas periciales ni científicas, la jueza María Guadalupe Garduño lo condenó a 40 años de prisión por homicidio calificado.
Vino después una mala práctica legal. Rafael fue defendido por su hermano abogado dedicado a la cobranza, quien no apeló la sentencia en tiempo y cuando lo hizo, el tribunal la rechazó por extemporánea y le negaron el amparo por no existir apelación.
Bibiano Martínez, sobrino de Rafael, reconoce el error: “Fue parte de nuestra ignorancia y ya no lo pudimos recomponer”.