Violencia criminal
El ataque directo a la población civil inerme, con el propósito deliberado de generar daño, miedo y alarma, por parte de grupos privados o del orden público, es considerado una modalidad de terrorismo.
Así lo castiga y describe el artículo 139 del Código Penal Federal:
Se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y 400 a mil 200 días de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten:
I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación…
En México, en 14 años se han registrado al menos tres ataques del crimen organizado contra la población civil inocente.
El 15 de septiembre de 2008, en plena celebración popular del Grito de Independencia, en el centro de la ciudad de Morelia, Michoacán, estallaron dos granadas de fragmentación. Se registraron 132 personas heridas y seis fallecidas. La Familia Michoacana y los Zetas se acusaron mutuamente de este incidente.
El segundo ataque fue hace 15 meses, el 19 de junio de 2021, en la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas. Una caravana de tres vehículos fue asesinando a gente inocente que encontraba a su paso. El saldo: 14 víctimas fatales, entre personas adultas mayores, albañiles y taxistas. Al igual que en la capital michoacana, los grupos locales de la delincuencia se deslindaron y se inculparon entre sí.
El tercer ataque artero a la población se presentó la semana pasada en tres momentos, en sendas regiones y por motivos diferentes: 1) Jalisco-Guanajuato, para evitar detenciones de líderes criminales del CJNG; 2) Ciudad Juárez, por pugnas intercriminales en el penal, y 3) Baja California, por aparente cobro de piso al transporte público.
Sin que haya concertación criminal entre los tres eventos, sí preocupa que las bandas delincuenciales recurran ahora como primer recurso al ataque directo a la población civil, en bienes muebles e inmuebles privados. Es un cambio cualitativo en el comportamiento criminal que no se puede normalizar. Se trata de la última frontera de la gobernabilidad que un Estado democrático debe permitir cruzar.
La violencia criminal, sea ideológica, religiosa, política o criminal, tiene tres propósitos básicos: una demostración primaria de fuerza ante el Estado; una erosión de la legitimidad de los gobiernos que la enfrentan, y un sometimiento y desmovilización de la sociedad civil.
En la coyuntura de una sucesión presidencial en puerta y en la geopolítica de un vecino asediado por el terrorismo internacional, la violencia criminal doméstica no se puede convertir en un jugador preponderanteoenelcisnenegroqueabralapuertaporladerecha a la desestabilización o al polkismo golpista.
Esta amenaza no se puede convertir en el cisne negro que abra la puerta a la desestabilización