Kirchner rechaza en redes acusaciones de corrupción
Me señalan para dañar mi carrera política, señala
La vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, acusada de corrupción y contra quien la fiscalía pidió 12 años de prisión, contraatacó ayer con un feroz discurso de defensa en el que denunció lo que considera una persecución judicial para proscribirla de la política.
“Nada, absolutamente nada de lo que dijeron (los fiscales) fue probado. Cuando dije que tenían la sentencia escrita, me quedé corta”, aseguró Kirchner en un descargo de más de dos horas transmitido por redes sociales desde su despacho de la presidencia del Senado.
Acusada junto a otras 12 personas por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravadas, la fiscalía solicitó también el lunes pasado, en su última audiencia de alegatos, la inhabilitación política perpetua de la vicepresidenta.
Mientras transcurría su discurso y en un ambiente de fuerte polarización, cientos de seguidores de su corriente del peronismo de izquierda se manifestaron para apoyarla a las puertas de su casa en Buenos Aires, y luego frente al Congreso.
“Esto no es un juicio contra mí, es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares”, sostuvo la abogada de 69 años que fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015.
Kirchner, que goza de fueros parlamentarios, había solicitado para ayer una ampliación de su declaración indagatoria, pero el tribunal desestimó el pedido al considerar que esa etapa ya había cerrado y que ella podrá exponer sus puntos en los alegatos de la
“No es un juicio contra mí, es un juicio al peronismo, a los gobiernos populares”
defensa, a partir del 5 de septiembre próximo.
“Son 12 años (de pedido de cárcel), los 12 años del mejor gobierno que tuvo Argentina en las últimas décadas, por eso piden 12 años. Por eso me van a estigmatizar y condenar”, exclamó.
“Quieren tomarse revancha, esto disciplina a la clase política para que nadie se atreva a hacer dos veces lo mismo", afirmó.
La acusación se remonta a sus dos periodos como presidenta (2007-2015) y al anterior (20032007) de su esposo Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
La causa la describió como jefa de una asociación ilícita, con la que supuestamente orientó la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz, su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez.
La Fiscalía estimó en unos mil millones de dólares la suma que habría sido defraudada al Estado
El proceso judicial comenzó en 2019 y se estima que el veredicto de los jueces se conocerá hacia fines de año. En caso de condena, Kirchner puede apelar. Hasta que no haya una sentencia firme de la Corte Suprema y debido a su inmunidad política como vicepresidenta y titular del Senado, no iría presa ni tampoco quedaría inhabilitada.