El PP ofrece al Gobierno negociar si renuncia al «asalto» al TC
Propone alcanzar un «pacto global» por la Justicia con todos los asuntos pendientes
Tanto el PP como el PSOE mantienen su guerra fría en los asuntos relativos al Poder Judicial, pero con el arranque del curso político han iniciado movimientos sutiles bajo el radar. A pesar de que tanto en Génova como en La Moncloa han transmitido en los últimos días que dan por rotas las negociaciones y ven difícil llegar a un acuerdo, ambos tienen voluntad de reconducir la situación, según las fuentes gubernamentales y populares consultadas por este diario.
En primer lugar, en el PP aseguran que estarían dispuestos a un «pacto global» por la Justicia si el Gobierno renuncia al «asalto» al Tribunal Constitucional (TC), como definen los populares la inminente renovación del órgano que pretende forzar el Gobierno. Si Pedro Sánchez cede a ese gesto, el PP elevaría el tiro intentado cerrar un acuerdo en el que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial no fuera un escollo insalvable, como en los últimos ex el TC para las sentencias que quedan pendientes», apostillan.
Mientras, a una semana de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúna en Pleno con un único asunto en el orden del día, nombrar a los dos magistrados del TC que le corresponden, los contactos entre el bloque conservador y progresista del órgano siguen siendo inexistentes en la actualidad. Distintas fuentes del Consejo consultadas por EL MUNDO informan de que durante el mes de agosto los vocales no han iniciado negociación alguna de cara a designar en el Pleno del próximo día 8 a los dos nuevos miembros del tribunal de garantías. «Parálisis total», resume un vocal.
En la actualidad, dentro del órgano de gobierno de los jueces hay un grupo de vocales (la mayoría designados a propuesta del PSOE) que están a favor de efectuar los nombramientos, otro grupo de consejeros (la mayoría nombrados a propuesta del PP) en contra de efectuarlos y un número reducido de vocales (una amalgama de progresistas y conservadores) que votarán, o no, a los candidatos propuestos dependiendo del perfil que ostenten los mismos.
Es preciso que los nombramientos se lleven a cabo por mayoría cualificada de 12 votos, es decir, por consenso. Por otro lado, es relevante la postura adoptada por el presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, quien está intentando que se efectúen esos nombramientos en el Pleno extraordinario del próximo jueves, es decir, dentro del plazo establecido por el Gobierno, que impuso como fecha límite el 13 de septiembre.
Los nombramientos llegan cuando el CGPJ atraviesa una situación inédita. Más de tres años y medio con el mandato prorrogado –porque las fuerzas políticas han sido incapaces de llegar a un acuerdo para renovar este órgano constitucional– y maniatado para efectuar el resto de nombramientos discrecionales, como son los de jueces del TS por la reforma legal aprobada por los partidos del Gobierno de coalición.
De ahí que el hecho de que el Ejecutivo tan sólo haya facultado al órgano a designar a los magistrados del TC, con el objetivo de que se produzca el vuelco ideológico en el órgano y, además, que le haya puesto plazo para hacerlo hace presagiar que los citados nombramientos no serán pacíficos.