Freno al plan de Moncloa en el TC

● Lesmes fuerza con su discurso una negociación de las fuerzas políticas sobre el Poder Judicial ● La minoría de bloqueo del CGPJ pedirá que no se convoquen más reuniones sin haber alcanzado un pacto previo

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dio ayer un golpe de autoridad encima de la mesa con su discurso en la Apertura del Año Judicial donde instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a sentarse de forma urgente a negociar un pacto para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Un Lesmes visiblemente molesto con la situación «inaceptable» que atraviesa la Justicia trató de forzar así a Moncloa y a Génova a retomar los contactos para desbloquear el Poder Judicial y, en caso de que no sea posible, exigió que se devuelvan al órgano que preside sus plenas atribuciones. «Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir, de manera que el Consejo General del Poder Judicial sea renovado en las próximas semanas o, de no serlo, sea restituido en la plenitud de sus competencias, otorgando a esta petición la relevancia constitucional y democrática que realmente tiene y dejando de lado todo interés de partido», señaló el magistrado ante la atenta mirada del Rey Felipe VI y la alta magistratura.

Posteriormente, en conversación con los periodistas en los tradicionales corrillos retomados tras la época de pandemia, aseguró que estaba dispuesto a ir más allá y dimitir si la situación no cambiaba en cuestión de «semanas».

Además, estas palabras del presidente del TS estuvieron precedidas horas antes por el acuerdo alcanzado por ocho vocales del CGPJ que pactaron constituirse en una minoría de bloqueo frente a los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional. La postura oficial es que no pactarán los nombres de los nuevos miembros del tribunal de garantías hasta que se diseñe un procedimiento entre los propios consejeros sobre cómo se deben designar a los candidatos al TC.

Sin embargo, fuentes del Poder Judicial informan a EL MUNDO de que el objetivo último de estos ocho vocales –nombrados a propuesta del PP– es forzar al Gobierno y el principal partido de la oposición a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Consideran que la situación de degradación institucional es insostenible y quieren preservar a la institución de los «continuos ataques políticos».

Aunque a priori con la descripción de este escenario parece que nada ha cambiado en la guerra soterrada que mantiene Moncloa y Génova por el Poder Judicial, la realidad es otra. El tablero se ha movido.

Si bien en los últimos días los populares han realizado un ofrecimiento claro al Ejecutivo de que están abiertos a alcanzar un pacto global en materia de justicia –es decir, negociar de forma conjunta el CGPJ y el TC–, el Gobierno ha visto en las últimas horas cómo se aleja la ansiada renovación de la corte de garantías si el órgano de gobierno de los jueces aparca durante «días» o «semanas» la elección de sus magistrados en vez de elegirlos antes del 13 de septiembre, fecha límite dada por el Ejecutivo a los jueces vía reforma legal.

Entre tanto, en el PP admiten que les interesa ahora forzar una negociación porque saben que una vez que el CGPJ haya nombrado a los dos magistrados del TC y el Gobierno a sus otros dos, perderán toda oportunidad para negociar en el tribunal de garantías la plaza que ha dejado vacante el catedrático Alfredo Montoya. Dicha plaza no es baladí, ya que el grupo conservador del Constitucional pasaría a tener una «minoría histórica» de cuatro magistrados. Para nombrar al sucesor de Montoya es necesario el acuerdo de tres quintos del Senado, es decir, de PSOE y PP.

En ese sentido, los populares consideran que tanto el discurso de Lesmes como la postura adoptada por la minoría de bloqueo del Consejo favorece que se produzca una nueva negociación global en materia de Justicia.

Por su parte, la lectura para el Gobierno es bien distinta: una vez logrado el vuelco ideológico en el Constitucional (el tribunal que tiene la última palabra sobre configuración territorial del Estado, política lingüística, educación, etc.), el control de un órgano de gobierno de los jueces (que no puede efectuar nombramientos

Al PP le interesa una negociación global para mantener cinco sillones en el TC

Para el Gobierno, la prioridad ahora es renovar el tribunal de garantías

discrecionales de magistrados del Supremo) pasa a segundo plano. Bien es cierto que el Ejecutivo ha optado por esta vía, que tanto ha molestado al Supremo por la situación límite que atraviesa, tras llevar años mostrando su disposición a renovar el Consejo. Mientras tanto el PP ha estado bloqueando un pacto en torno a la institución aludiendo a la necesidad de cambiar el modelo de elección de los vocales aunque, en realidad, la mayor parte de los motivos del bloqueo eran ajenos al Poder Judicial –por ejemplo, la celebración de distintas citas electorales frenó el equipo de Casado a pactar el Consejo–.

Y con este escenario, se celebra hoy el Pleno extraordinario donde tanto los vocales del sector conservador como progresista del Poder Judicial asumen que «no habrá nombramientos».

Según ha podido saber este periódico, los ocho vocales reacios a designar a los magistrados del Constitucional plantearán tres cuestiones ante sus compañeros. En primer lugar, que se respeten los tiempos del Consejo a la hora de efectuar los nombramientos; en segundo lugar, defenderán que solo se deben convocar los Plenos cuando se acuda a los mismos con un pacto previo alcanzado por los grupos del sector conservador y progresista –lo que incide en la idea de que el pacto se retrasará–; y, tres, apostarán por que se establezcan las reglas vehiculares de formalización de los hipotéticos acuerdos.

Felipe VI presidió con Carlos Lesmes la Apertura del Año Judicial en el Supremo. BERNARDO DÍAZ