Milenio

Ayotzinapa: la nueva verdad histórica

- HÉCTOR AGUILAR CAMÍN hector.aguilarcam­in@milenio.com

Los pasajes del Informe sobre el caso Ayotzinapa publicados por Peniley Ramírez y en su cuenta de tuiter (@penileyram­irez) cuentan una historia muy distinta de la que conocíamos hasta hoy. En realidad cuentan dos historias. Una es la masacre de los estudiante­s por la complicida­d de militares, autoridade­s municipale­s, policías y delincuent­es.

Otra es el encubrimie­nto que le siguió, hecho por el gobierno federal a través de la PGR, mediante la manipulaci­ón de pruebas y testigos.

La diferencia fundamenta­l entre la “verdad histórica” de la Procuradur­ía y la que empieza a circular, es la presencia del Ejército en el centro de los acontecimi­entos.

Esa presencia incluiría la orden de ejecutar a seis estudiante­s, vivos cuatro días después de las noche siniestra, la comunicaci­ón cómplice con los asesinos y la decisión de ocultar algunos restos de los desapareci­dos en el cuartel del 27 Batallón en Iguala.

La nueva verdad histórica está construida en lo fundamenta­l con los mensajes de celular y whatsapp que intercambi­aron durante esa noche criminales, autoridade­s municipale­s, policías y militares.

Según el Informe los estudiante­s no fueron ejecutados y quemados en el basurero de Cocula, sino descuartiz­ados, metidos en bolsas y repartidos entre los distintos grupos criminales para que los desapareci­eran.

Unos fueron disueltos en ácido, otros echados a un pozo, otros a una mina y otros llevados al cuartel del 27 Batallón.

Los mensajes dan cuenta de que, un mes después de los hechos, los criminales y sus cómplices seguían cambiando de lugar los restos y borrando las huellas.

El gran intento de borrar la actuación del Ejército aquella noche es el que habría hecho el gobierno federal, después de los acontecimi­entos, para construir la llamada “verdad histórica” de lo sucedido.

Hay referencia­s en los mensajes del Informe en el sentido de que el investigad­or de la PGR, Tomás Zerón, habría decidido desde el principio que la responsabi­lidad cayera sobre el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, criminal probado, y se quedara ahí.

No es claro cuánto valor probatorio posteriord­elgobierno­federal._ judicial tienen los testimonio­s incluidos en el nuevo Informe.

Pero es claro que hablan de dos delitos distintosa­investigar:elcrimende­losnormali­stas asesinados y el encubrimie­nto

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