Frente PSOE-PP por la financiación
Regiones de ambos partidos sellan una alianza para pedir más dinero al Gobierno ante el retraso de la financiación autonómica Los presidentes autonómicos advierten de que están en peligro unos servicios públicos de calidad
La constatación de que esta legislatura, que a priori finaliza dentro de un año, no será la de la renovación del sistema de financiación autonómica genera inquietud e incertidumbre en las comunidades autónomas. En La Moncloa aparcan la reforma ante la disparidad de posiciones entre los territorios y la pugna fiscal desatada esta semana por los territorios del PP frente a los del PSOE.
La acometida fiscal de las regiones del PP, con una apuesta por la rebaja de impuestos, no tiene seguimiento en las socialistas. Las comunidades socialistas consultadas por este diario –Asturias, Aragón, Rioja, Valencia,
Extremadura...– no contemplan, al menos a día de hoy, deflactar el IRPF. Incluso Ximo Puig, ha pedido que se castigue en el reparto de fondos estatales a las autonomías que bajen impuestos, una petición que las fuentes socialistas consultadas enmarcan como iniciativa personal.
Esa pugna fiscal entre comunidades se convierte, sin embargo, en un bloque transversal de territorios de ambos signos políticos exigiendo un fondo transitorio hasta que se renueve la financiación autonómica.
Los presidentes se juegan su reelección y buscan evitar una recta final de legislatura inmersos en un déficit en la prestación de servicios. Un temor agravado aún más la crisis socioeconómica provocada por la guerra en Ucrania. «No se nos puede seguir tratando como españoles de segunda», es el mensaje que lanzan desde Murcia. En Asturias, su presidente, Adrián Barbón, ya ha anticipado que en este tema de la financiación será «muy exigente» y que su posición pasa por “defender una financiación justa para prestar unos servicios públicos de calidad».
Andalucía (PP), Valencia (PSOE), Murcia (PP), Castilla-La Mancha (PSOE) y Aragón (PSOE) han alzado de manera clara la voz para reclamar un fondo transitorio que palie la «infrafinanciación» que consideran sufren. Una reclamación compartida desde Castilla y León (PP) y Galicia (PP). Además, hace un año se constituyó el G-8 de la España despoblada –cinco del PSOE, dos del PP y el PRC–, que pide que en la financiación prime la despoblación.
Desde Hacienda se puso en marcha hace unos meses el mecanismo para elaborar una nueva financiación autonómica. El actual está caduco desde 2014, y las comunidades presentaron sus propuestas. La ministra María Jesús Montero hará llegar a los territorios en las próximas semanas una nueva propuesta vinculada a la población ajustada.
Ahora bien, la titular de Hacienda ya ha adelantado que se trabajará de manera más concreto «una vez que se revaliden los resultados electorales en 2023 para que tengan las administraciones territoriales las garantías». En el Gobierno ya no contemplan que haya una nueva financiación autonómica. Eso sí, en La Moncloa lo achacan a la falta de consenso entre las autonomías. Fuentes gubernamentales exponen que es un asunto que no se puede dejar en manos de éstas, porque hay visiones contrapuestas incluso entre las del mismo color político, y debe conllevar un acuerdo PSOE-PP, algo que no ven factible.
Las comunidades que exigen ese
fondo transitorio –opción que Hacienda descarta– alegan estar «infrafinanciadas» y añaden que la pandemia, además, ha supuesto un esfuerzo económico para prestar servicios públicos como la sanidad o la educación y que para que éstos puedan seguir dándose en condiciones óptimas esa financiación autonómica debe ser renovada. En su reunión a finales de julio en La Moncloa, Juanma Moreno, presidente de Andalucía, pidió a Sánchez un fondo transitorio de nivelación de 1.731 millones para Murcia, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Este miércoles, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, preguntará a Pedro Sánchez si contempla crear un Fondo Transitorio para igualar a las peor financiadas.
Valencia selló hace un año una «alianza» con Andalucía para exigir el mencionado fondo transitorio de compensación. Esta misma semana, su presidente, Ximo Puig, calificó de «intolerable» que no se haya cambiado el modelo de financiación. Como sus colegas, expuso el peligro de que una «insuficiencia financiera» merme los servicios públicos: «Así es absolutamente imposible dotarnos a la sanidad que queremos».
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha secundado esta posición para «no decir que no a ningún servicio, metiéndonos en todo tipo de expansión de servicios sanitarios, educativos o sociales». Javier Lambán, presidente de Aragón, también ha avalado un fondo transitorio, llegando a calificar la situación de «absolutamente angustiosa». «Teníamos problemas muy serios antes de que se incrementaran los precios y ahora más».